Fuentes en el Ministerio de Justicia denunciaron que empresas de telefonía celular están dirigiendo sus antenas para permitir la señal en algunos centros de reclusión, lo que facilita el flujo de llamadas y generaría consumos de casi 7.500 millones de pesos.
El ministerio pide que este tema se discuta en el proyecto de ley que pretende modificar el Código Penitenciario y Carcelario. Se sugiere a los legisladores que ordenen a las empresas retirar dichas antenas, bloqueen el servicio en todas las cárceles del país, e implementen la tecnología para habilitar las llamadas sólo a personal autorizado como directores y altos funcionarios del Inpec. Los gastos de dicha medida deberían ser asumidos por las empresas, según se planteará en la reforma.
