La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos a los exgobernadores del departamento del Amazonas,
Manuel Antonio Carebilla, Guillermo Marín Torres y César Antonio Lugo Morales.
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La citación responde a la presunta responsabilidad de los exfuncionarios en los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento y peculado.
De acuerdo con las pruebas recaudadas y aportadas a la investigación por parte de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los exgobernadores
habrían contratado tres veces la construcción de dos colegios y un hospital para el departamento de Amazonas.
Según la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, el convenio en cuestión se firmó el 15 de febrero de 2016. Posteriormente
se aprobaron dos convenios y dos adiciones contractuales.
Con esos procesos los exfuncionarios habrían vulnerado los principios de transparencia y planeación. Lo anterior, debido a que el ente de control encontró que los contratos no tenían asignado el presupuesto.
De acuerdo con el ente de control, con estos procesos irregulares
se habrían perdido cerca de tres mil millones de pesos, lo que significa un detrimento millonario para los recursos de ese departamento.
Ante la solicitud de la diligencia judicial por parte de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá programó la audiencia para el pasado miércoles 5 de febrero.
Algunos antecedentes
Manuel Antonio Carebilla, uno de los exgobernadores imputados, que también fue congresista, ya había sido condenado por corrupción en el 2017 como consta en un
documento publicado por la Corte Suprema de Justicia en el que dice:
"Tras declararlo responsable de una serie de
conductas constitutivas de corrupción en la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia condenó al suspendido gobernador del departamento de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, a 14 años y 7 meses de prisión y al pago de 648 salarios mínimos de multa y $611.437.246 por indemnización de perjuicios.
Durante el desarrollo del proceso, la Sala de Casación Penal estableció que
Carebilla Cuéllar se convirtió en un “mercader” de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a su cargo, al utilizarla como una “empresa particular” cuyo único objetivo fue su propio lucro, haciendo a un lado los deberes legislativos. “Tareas que debió enaltecer, máxime cuando era uno de los dos únicos Representantes de la comunidad amazonense en el poder legislativo”".
En el caso de
Guillermo Marín Torres, en abril del año pasado la Procuraduría General de la Nación lo citó a audiencia para responder por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución de un contrato por valor de $226.983.296.
