Una mujer de la comunidad Embera Eyábida y su bebé recién nacida perdieron la vida tras caer en un campo minado en el municipio antioqueño de Murindó, según informó en un comunicado la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
Según la información suministrada, la mujer, que era madre de tres hijos, se encontraba realizando tareas de agricultura en la comunidad Bachidui, del Resguardo Río Murindó, cuando “perdió la vida de manera inmediata en la mañana del 21 de junio tras ser víctima de este tipo de artefactos explosivos”.
“A pesar del desminado militar adelantado durante los últimos tres meses en este resguardo azotado por los grupos armados, (las minas) continúan representando un riesgo evidente para las familias indígenas de esta y 10 comunidades más de este municipio del Atrato Medio antioqueño”, denuncia el comunicado.
Además, agregan, la instalación de minas antipersonal y otros artefactos de guerra, además de los recurrentes ataques a las comunidades indígenas, son una clara “violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que todos los actores armados, más allá de sus intereses están en la obligación de cumplir”.
De acuerdo con la OIA, estos hechos se dan luego de que presuntos integrantes del ELN amenazaran a distintas comunidades de Murindó a través de “un panfleto y audios de WhatsApp” con la reinstalación de este tipo de artefactos explosivos”.
La amenaza habría llegado, según el comunicado, como consecuencia de “una supuesta incursión paramilitar, que buscaría retomar el control armado territorial de esta zona que estuvo históricamente ocupada por las FARC, afectando también gravemente a las comunidades de Dabeiba y Frontino”.
La Organización Indígena de Antioquia también fue enfática en que apoya de forma vehemente la salida de sus territorios de cualquier tipo de actor armado, sin importar su corriente ideológica. En ese sentido, hace un llamado a recordar que la guerra “no es con las comunidades indígenas”.
“Por el contrario son ellas las que padecen y sufren todo tipo de atropellos y violaciones a sus derechos humanos, territoriales, económicos y sociales. Estamos convencidos que la violencia genera más violencia y que esta no trae consigo sino hambre y desolación”, asegura la OIA en su comunicado.
De igual manera, aprovechó para exigir la salida de los grupos armados de sus territorios, que aseguran son zonas “de paz entre los hombres y de los hombres con la naturaleza”, pidiéndole al Gobierno garantías para la construcción de una paz estable y duradera.
“Los territorios indígenas no pueden convertirse en escenarios de guerra, poniendo en peligro la vida de nuestros comuneros y comuneras”, finaliza el comunicado.
