La ONU advirtió este martes sobre el deterioro de la situación humanitaria en el Catatumbo, una región marcada por la violencia asociada a la confrontación entre grupos armados. Según el balance presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, en 2025 la disputa territorial dejó al menos 166 personas muertas, entre ellas diez niños, y golpeó de forma directa a líderes sociales, la fuerza pública y el sistema educativo.
Cifras verificadas por la ONU
El representante del organismo en Colombia, Scott Campbell, informó que la Oficina verificó el asesinato de siete defensores de derechos humanos: seis hombres y una menor de edad. De acuerdo con el reporte, estos crímenes están vinculados con la disputa entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
El balance también incluye 63 personas heridas por hechos violentos durante el mismo periodo. Además, la ONU reportó el asesinato de 19 integrantes de la fuerza pública y 16 uniformados lesionados en el Catatumbo.
Niños reclutados y escuelas en riesgo
Campbell calificó como "sumamente preocupante" el reclutamiento forzado de niños y adolescentes. Con base en cifras del ICBF, en 2025 se registraron al menos 69 casos en la zona, aunque la ONU advirtió que podría existir un alto subregistro.
La violencia también impactó el acceso a la educación. La Oficina señaló que varios centros educativos permanecen rodeados de minas antipersonales, una situación que impidió que miles de estudiantes terminaran el ciclo escolar de 2025 y, además, afectó el regreso a clases este año. En otras palabras: no es solo una cifra de seguridad, es una rutina escolar interrumpida.
Recomendaciones al Estado y llamado a los grupos armados
Ante este panorama, la ONU sostuvo que la respuesta del Estado colombiano no ha sido "adecuada ni suficientemente articulada" y pidió fortalecer la protección de derechos. Entre sus recomendaciones mencionó atender de manera efectiva las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; reforzar el trabajo de la Fiscalía en la investigación de homicidios y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y avanzar en un pacto social que enfrente las causas de fondo del conflicto.
También instó a la fuerza pública a retomar control territorial con respeto por los derechos humanos y llamó a ampliar el desminado humanitario, con prioridad en entornos escolares.
Finalmente, la Oficina pidió a los grupos armados no estatales que respeten los derechos humanos, cesen el uso de drones y otros artefactos explosivos, liberen a los menores reclutados y suspendan de inmediato esa práctica.
