Posible fraude en la prueba docente en el Huila

23 Noviembre 2022, 05:43 PM
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Diario del Huila
Docentes del sur del Huila ofrecieron hasta 15 millones cada uno, y los perdieron. Hay más de 300 maestros involucrados. La Fiscalía no se pronunció.

Aunque las autoridades no tienen investigaciones al respecto, todo parece indicar que más de 370 maestros en el Huila tramaron un fraude en las pruebas de ingreso al magisterio, que se realizaron el pasado 25 de septiembre.

La conducta delictiva comenzó meses pasados desde el sur del Departamento. Al parecer, un sujeto muy cercano a los docentes, y con residencia en Popayán, fraguó la trampa y persuadió a más de un profesor para comprar lo que sería un boleto ‘seguro’ a la propiedad de un cargo en el sistema público de educación.

Algunos docentes consultados por este medio de comunicación contaron que “es el mismo de toda la vida”, es decir, el que ha organizado fraudes en esa prueba y ha cobrado hasta 15 millones de pesos para hacer pasar. Dicen que en el examen de 2016 muchos tuvieron éxito y eso los animó.

Los paquetes de ‘premios’

Un docente del municipio de Acevedo, en diálogo con Diario del Huila, contó que él fue contactado por una joven que había relacionado más profesores de su colegio. El plan delictual comprendía diversos paquetes. Uno de los más económicos era el ofrecido para profesores de primaria, costaba cinco millones de pesos; mientras que el de secundaria valía el doble. Con rebajas y ruegos, a muchos docentes se los dejaron en tres millones.

La modalidad de la trampa era sencilla: los agrupaban a todos en un lugar ‘seguro’ el día anterior, y les daban las respuestas sin ningún problema. Otro paquete más arriesgado consistía en ponerles un micrófono para comunicarse desde el lugar de la prueba. Este último costaba siete millones.

Pero había una oferta más tentadora, cara y riesgosa, que tenía un valor de $20 millones y pretendía hacer pasar al concursante desde el sistema, o plataforma que entregaba los resultados. En el municipio de Íquira, por ejemplo, se supo por voces de maestros que una docente los pagó.

Por otro lado, para el ingreso al cargo de coordinadores y rectores, el valor estaba por encima de los $12 millones.

Uno de los docentes que presentó la prueba en Pitalito, manifestó que en el salón donde se registró el examen, una docente fue sorprendida con un micrófono que se le activó. Por esta situación consultamos al comandante de la Policía Huila, coronel Gustavo Adolfo Camargo, quien aseguró que no tienen registro de capturas al respecto. “Es muy difícil realizar un tipo de captura en flagrancia, demostrarlo es muy difícil”, además, dijo que a la Policía no le pidieron acompañamiento en esta jornada.

Una organización delictual

Otro docente del municipio de Guadalupe, sur del Huila, afirmó que no solo en su municipio sino que en el pueblo vecino de Suaza muchos educadores pagaron para tener acceso a la prueba. “Varios docentes, especialmente los provisionales cancelaron la prueba, porque en el anterior examen algunos maestros pagaron 4 o 5 millones de pesos, fueron a una finca y les dieron las respuestas. En esta oportunidad lo que sé es que comenzaron a contactar maestros con muchos meses de anterioridad. Muchos pagaron siete, nueve, unos adelantaron con un millón de pesos. A algunos los citaron a fincas o los mandaron a concursar a Popayán, pero lo que ellos dijeron fue que la Universidad Libre no les quiso vender los resultados”, señaló el docente quien pidió reservar su nombre.

No les cumplieron

Por su parte, el docente de Acevedo, señaló que una amiga de Pitalito, “se la llevaron para Neiva y la tuvieron encerrada viernes y sábado, y en la noche del sábado le dijeron que no se pudo”. Adicionalmente, recordó: “al grupo (whatsapp) ingresó otra persona y le dijo que no era el único grupo, que tenía como 370 profesores distribuidos en Pitalito, Popayán y Neiva. Que estaban en diferentes fincas de Rivera y Neiva”.

Por otro lado, un docente le confesó a este medio de comunicación que el día anterior a la prueba, a muchos docentes los citaron a una finca en San Agustín, los hicieron trasnochar y finalmente les dijeron que no pudieron filtrar la información. Al parecer no les devolvieron la plata.

Lo cierto fue que a la gran mayoría no les entregaron los resultados de la prueba, pues según ellos, estaban muy custodiadas. “Los que habían pagado $3 millones los perdieron”, manifestó otra docente, quien pidió reserva del nombre.

Mientras esto ocurría en meses anteriores a la prueba, ni en la Policía o Fiscalía se tenía conocimiento de esto. Diario Del Huila intentó comunicarse con el director seccional de fiscalías del Huila, Dayro Fernando Herrara Iglesias, sin embargo, su vocera de comunicaciones advirtió que no era posible responder un formulario de preguntas que previamente este medio le hizo llegar.

Por su parte el comandante de Policía Huila, en comunicación telefónica aseguró que no tienen registro de capturas en esta jornada.

Las implicaciones judiciales

Para el abogado Néstor Pérez Gasca, en Colombia se ha legislado sobre la carrera administrativa desde 1938, “pero los resultados han sido muy pobres”. “Generalmente cuando se genera un fraude se entiende que es un delito contra la administración pública, es decir, es aquél que atenta contra las organizaciones estatales las cuales buscan satisfacer las necesidades de interés público y lograr los fines del Estado”, dijo.

En ese sentido, Pérez Gasca aseguró que los delitos de fraude procesal o el abuso de información privilegiada, consagrados en los artículos 453 y 442 del Código Penal, podrían configurarse en este tipo de conductas. “El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo, contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, señaló, al tiempo que indicó que éste código consagra igualmente “el abuso de la información privilegiada por parte de un funcionario público o sujeto activo, sin ser necesario que exista un tercero que le entregue dádiva o lo soborne (diferenciándose en esto del cohecho) y es un agravante por ser servidores públicos”.

El jurista señaló que una convocatoria tan masiva “parecía indicar que el Estado se comprometía finalmente con la implantación del sistema del mérito en el país, lo cual haría innecesario el favor de los políticos o las conexiones para poder acceder a un cargo público”.

Falta de ética profesional

El desempleo que generó la pandemia hizo que fueran más de 378 mil los licenciados y profesionales no licenciados que se presentaron al concurso en todo el país. En este contexto un sinnúmero de docentes que no querían quedarse por fuera, pagaron hasta $20 millones para ingresar.

Esta conducta delictiva y reprochable no solamente es cuestionada desde el ámbito del derecho penal, disciplinario, sino desde los gremios docentes. Una de las voces es la de Alirio Guevara Sánchez, rector de la institución educativa María Auxiliadora de Íquira, y presidente de la Asociación de Directivos Docentes del Huila, Adidoh, quien manifestó que “si uno elige la profesión docente con amor y pasión – desde cualquiera profesión que sea-, lo primero que uno hace es prepararse. Eso nos va a dar un punto de tranquilidad o confianza en la prueba, y hace que no estemos buscando el fraude, porque uno busca el fraude cuando se siente débil o cuando no tiene el potencial para poder adquirir un buen resultado. Si nos preparamos bien vamos a evitar lo del fraude”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Educación del Huila, Milena Oliveros Crespo, advirtió que no tiene ninguna denuncia en este sentido en su despacho, “no tengo una denuncia que me diga así fue”. Sin embargo,  señaló que esto es “delicadísimo, la verdad es que yo sí quiero invitar a todas estas personas que han sido vinculadas en este proceso, o que de alguna manera están relacionadas con un fraude, para con ellos o sus aspiraciones y sueños, la verdad es que no deben dejarse sobornar; porque la culpa la tiene quien propone como quien recibe. De manera que la invitación cordial, como Secretaria de Educación del Huila, es que la competencia para denunciar es ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Procuraduría”.

La funcionaria Oliveros Crespo, además señaló que de esas cosas ‘tan buenas, no dan tanto’, y recalcó: “Si hay una denuncia mayor, me uno para poder desenmascarar y poder decir que en el departamento del Huila, se goza de tranquilidad frente a los procesos con los docentes”.

Espere en la edición de mañana entrevista exclusiva con  un profesor que pagó la prueba y perdió su dinero.

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