La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Policía Nacional por la presunta falta de apoyo a otros miembros de la institución en el departamento del Caquetá, en medio de las protestas que se registraron el pasado dos de marzo en la zona rural de San Vicente del Caguán.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública sostuvo que por los enfrentamientos que hubo entre campesinos y algunos miembros de la Fuerza Pública se solicitó respaldo en diversas comunicaciones radiales, el cual no habría sido brindado, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de dos de ellos.
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El Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos en la conducta objeto de averiguación, por lo que solicito practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos, para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Defensoría del Pueblo opera de mediador en San Vicente del Caguán
La Defensoría del Pueblo anunció que mediará entre los campesinos y los indígenas que están enfrentados en una protesta frente a las instalaciones de la petrolera Emerald Energy en el departamento colombiano de Caquetá (sur).
Así lo anunció este jueves el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien aseguró que el organismo que dirige mantiene su disposición "como mediador y canal de diálogo para solucionar la crisis y prevenir que sigan ocurriendo hechos de violencia como los ocurridos en las últimas horas en la inspección Los Pozos".
"Lamentamos la situación de confrontación que dejó un policía y un campesino muertos y varios heridos. Las acciones violentas y las vías de hecho sólo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos", añadió.
Igualmente, Camargo dijo que los funcionarios de la Defensoría están acompañando a "los 79 miembros de la fuerza pública y a los nueve empleados de Emerald Energy" que estaban retenidos por la comunidad.
"Reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional y a las organizaciones campesinas que se encuentran en movilización en la inspección de los pozos para que se retome el diálogo como vía para poder llegar a acuerdos y poner fin a las vías de hecho", dijo.
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La protesta comenzó hace semanas con la toma de las instalaciones, situadas en el caserío de Los Pozos, en la localidad de San Vicente del Caguán, pero el miércoles aumentó la tensión con la quema de parte de la petrolera y la intervención del Esmad, la unidad antidisturbios de la Policía.
Como resultado murieron un campesino y un agente de la fuerza pública, según la cifras oficiales, aunque otras fuentes afirman que pueden ser cuatro los fallecidos. Los enfrentamientos llevaron a miembros de la oposición a pedir este jueves intervención urgente del Gobierno.
Las comunidades indígenas y campesinas accedieron a las instalaciones de la petrolera para exigir sus derechos sobre la tierra que Emerald Energy explota. Las manifestaciones comenzaron después de que, tras año y medio de espera, no se construyera la carretera prometida por las autoridades locales y por la empresa petrolera, que asignó una inversión para este proyecto, dijo a EFE Wilman Fierro, concejal de San Vicente del Caguán. "Pasó el tiempo y no se atendió esa necesidad", agregó.
