Una decisión judicial ha generado controversia en el ámbito sanitario tras conocerse que un juez ordenó a una Entidad Promotora de Salud (EPS) entregar dos muñecas sexuales inflables a un usuario, como parte de un tratamiento para atender afectaciones psicológicas.
El caso, ocurrido en la ciudad de Bucaramanga, se originó a partir de una acción de tutela presentada por un hombre que argumentó sufrir de baja autoestima y problemas emocionales que impactan su salud mental. En su solicitud, el ciudadano afirmó que la inclusión de estos dispositivos sexuales en su tratamiento era necesaria para mejorar su bienestar psicológico.
Pese a que la solicitud causó sorpresa, el juez falló a favor del demandante, considerando que se debía garantizar su derecho fundamental a la salud mental. La sentencia obliga a la EPS implicada a adquirir y entregar los artículos como parte del tratamiento integral prescrito.
La decisión no tardó en despertar reacciones por parte de representantes del sector salud. Sergio Prada, director de la Clínica San Luis de Bucaramanga, calificó la sentencia como un “abuso del sistema”. En declaraciones a RCN Radio, cuestionó la priorización de recursos en un contexto donde persisten múltiples dificultades estructurales.
“No entendemos cómo un juez ordena esto cuando hay derechos fundamentales prioritarios que aún no se garantizan”, manifestó Prada, quien también denunció la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.
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Según el directivo, su institución ha enfrentado pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos por la atención a pacientes de EPS que fueron liquidadas, como Medimás, Comparta y Coomeva, sin que el Estado haya asumido el pago correspondiente.
Por su parte, el representante legal de la EPS afectada también expresó su inconformidad con la decisión, aunque aseguró que cumplirán con el fallo judicial. Indicó además que este tipo de obligaciones no solo generan una carga económica adicional, sino que también impactan la prestación de servicios prioritarios a otros usuarios.
Este caso reabre el debate sobre los límites del sistema judicial en temas de salud, así como la definición de lo que debe considerarse un tratamiento legítimo dentro del sistema de aseguramiento en Colombia.
