
Desde el 1 de enero de 2024, los Países Bajos pusieron en marcha una política nacional que prohíbe el uso de teléfonos móviles, tabletas y relojes inteligentes dentro de las aulas. La medida, que contempla excepciones únicamente para fines pedagógicos o razones médicas, buscaba recuperar la atención en clase y mejorar el ambiente escolar. Hoy, más de seis meses después de su implementación, los resultados son contundentes.
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Una evaluación oficial basada en encuestas a directivos de 317 instituciones educativas reveló avances significativos:
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El 75 % de los colegios reportó una mejor concentración por parte de los estudiantes.
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El 59 % notó mejoras en la convivencia y el clima social.
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El 28 % observó un incremento en el rendimiento académico.
Además, el Instituto Kohnstamm destacó que la iniciativa ha favorecido la interacción entre los alumnos y ha contribuido a disminuir los casos de ciberacoso.
En la práctica, un 99 % de los centros educativos exige a los estudiantes guardar sus dispositivos o dejarlos en cajas antes de cada clase. No obstante, algunos docentes han expresado que esta normativa ha generado una mayor carga en el control disciplinario, e incluso se han reportado ligeros aumentos en conductas agresivas o disruptivas.
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Pese a estos desafíos puntuales, el balance general es positivo. Con esta decisión, los Países Bajos se posicionan como pioneros en Europa al aplicar de manera amplia una política que prioriza el enfoque académico y la salud social de sus estudiantes.