La reforma a la salud del Gobierno, una de las principales iniciativas del presidente Gustavo Petro, se empantanó este martes en el Congreso, donde la falta de apoyo de los partidos Conservador y de La U tiene el proyecto colgando de un hilo.
Estaba previsto que la propuesta empezara a ser debatida este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde el Gobierno busca conseguir los votos necesarios para que el trámite legislativo de la iniciativa continúe.
Sin embargo, la Comisión votó a favor de aplazar por cuenta del debate de las recusaciones.
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Antes del inicio de la jornada, que llevó incluso a que fuera cancelada la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, La U y el Conservador, que son partidos de Gobierno, publicaron un comunicado en el que reafirmaron su posición de "no apoyar el texto a la reforma a la salud como la ha presentado el Gobierno".
Esas colectividades consideran que en el documento presentado por el Gobierno "no están acogidas la totalidad de propuestas presentadas" por ellos y que son "conscientes de la necesidad de una reforma a la salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar a los colombianos".
El presidente Petro respondió en Twitter a estos partidos: "No se pueden aceptar todas las propuestas de La U y el Partido Conservador porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares".
Los votos de estos dos movimientos son claves para que el proyecto pueda salir adelante, teniendo en cuenta que el Partido Liberal, otro de las colectividades de Gobierno, tampoco va a apoyar la reforma tal y como está.
En ese sentido, los liberales pusieron tres líneas rojas, que son un "sistema de aseguramiento social mixto con agentes públicos y privados", la "libre elección del usuario de la entidad gestora de salud" y la "no burocratización ni estatización del sistema de salud".
REFORMA POLÉMICA
La reforma sanitaria ha causado una honda controversia en el país porque, según sus críticos, pondrá en riesgo la sostenibilidad de un sistema que, a pesar de sus numerosas fallas, funciona.
Sin embargo, el Gobierno defiende que quiere transformar el sistema sanitario para fortalecer la atención primaria y también llevar la atención a las comunidades remotas donde actualmente el centro de atención más cercano está a varias horas en lancha o en mula por caminos escarpados.
La reforma tiene una vertiente de prevención, asegurando el texto que "el Estado incidirá coordinadamente sobre los determinantes de salud, a fin de mejorar las condiciones generales e individuales de vida de los habitantes del territorio nacional".
El presupuesto para financiar la salud, según el proyecto, seguirá saliendo del bolsillo de los contribuyentes, pero también del Estado.
Así, se quiere quitar poder a las actuales Entidades Promotoras de Salud (EPS) -pero no hacerlas desaparecer, como se había dicho en un principio- que son las actuales intermediarias entre los contribuyentes y quienes prestan el servicio.
