Tribunal suspende resolución ambiental que afecta la Sabana de Bogotá

Sáb, 15/03/2025 - 08:00
El Tribunal de Cundinamarca suspende resolución del MinAmbiente que afecta el ordenamiento de la Sabana de Bogotá. ¿Qué se sabe?
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de la resolución del Ministerio de Ambiente que impacta el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. La decisión, tomada por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, impide la aplicación de la medida mientras se revisan las controversias legales planteadas por diversas entidades territoriales y el gobierno departamental.

La acción judicial responde a la coadyuvancia presentada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, junto con otras entidades, entre ellas el municipio de Subachoque, que ha reiterado su defensa del territorio y la necesidad de que cualquier reglamentación ambiental sea construida de manera concertada con las comunidades locales.

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Los municipios han manifestado su preocupación ante la falta de participación en la formulación de lineamientos que afectan el uso del suelo y el desarrollo territorial. Por ello, buscan ser incluidos en mesas técnicas donde se respete su autonomía y se garantice que el ordenamiento se realice conforme a normas de jerarquía superior, como el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Bogotá (POMCA).

Además, las autoridades locales han advertido sobre la incertidumbre jurídica que generaría la implementación de la resolución sin un proceso de concertación adecuado. En este sentido, han invocado el Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que exige la participación de las comunidades en decisiones que afectan su entorno y calidad de vida.

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Desde Subachoque, se ha celebrado la suspensión de la resolución, argumentando que permitirá una revisión más profunda de su impacto. El municipio ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad, la protección del agua y un ordenamiento territorial responsable, resaltando que cualquier regulación debe construirse de manera articulada con los territorios y no imponerse unilateralmente.

La decisión del Tribunal abre un nuevo escenario de diálogo entre el gobierno nacional, los municipios y las entidades ambientales, con el objetivo de encontrar una solución que armonice la protección ambiental con el desarrollo local y regional.

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