
El nombramiento de Carlos Ernesto Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional sigue generando controversia jurídica y política. El Consejo de Estado admitió varias demandas que cuestionan la legalidad de su elección, alegando desde violaciones a la paridad de género hasta posibles conflictos de interés de magistrados que participaron en la conformación de la terna.
Entre los principales argumentos, uno de los demandantes asegura que se vulneró la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), la cual obliga a que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio sean ocupados por mujeres. “La Sala quedó conformada por nueve magistrados, específicamente seis hombres y tres mujeres, situación que, a su juicio, evidenció una sobrerrepresentación masculina del 66,6% frente a un 33,3% de representación femenina”, señala la demanda.
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Además, ya son ocho las demandas que han llegado al Consejo de Estado en contra de la designación de Camargo. Todas coinciden en que más de diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para votar la terna enviada al Senado, debido a que familiares y allegados suyos habrían sido nombrados por Camargo cuando fue defensor del Pueblo.
Según los documentos judiciales, “la Corte Suprema impidió que la sociedad, los medios de comunicación y el propio Senado de la República realizaran un escrutinio público informado sobre la idoneidad y legitimidad de la terna. El Senado procedió a votar bajo la presunción de que la terna había sido conformada de manera regular, cuando en realidad era el producto de un proceso viciado”.
El caso también ha tenido repercusiones internas en el Consejo de Estado. El magistrado Omar Joaquín Barreto, de la Sección Quinta, se declaró impedido para conocer de las demandas, alegando su estrecha relación personal con Camargo. “Desde hace más de 20 años me une una amistad íntima y entrañable con el doctor Carlos Ernesto Camargo Assis, tiempo durante el cual hemos compartido espacios familiares, personales y profesionales, así como de apoyo, solidaridad y confianza”, explicó Barreto.
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Mientras avanza el estudio de las demandas, el futuro de Carlos Camargo en la Corte Constitucional permanece en entredicho, con un proceso que podría marcar un precedente en materia de paridad de género, transparencia y legitimidad en las altas cortes de Colombia.