Una investigación liderada por la Fiscalía permitió descubrir una red delictiva integrada por funcionarios y particulares que, presuntamente, cobraban altas sumas de dinero para direccionar procesos judiciales relacionados con lavado de activos.
En operativos adelantados en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), las autoridades capturaron a nueve personas señaladas de hacer parte de este entramado de corrupción.
¿Quiénes fueron capturados?
Entre los detenidos figuran cuatro integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional, dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres exfuncionarios de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Se trata de los integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.
De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían aprovechado los cargos que desempeñaban o desempeñaron para realizar exigencias económicas ilegales.
Exigencias de hasta mil millones de pesos
Según la investigación, las exigencias de dinero oscilaban entre los $400 y los $1.000 millones. Los cobros habrían sido dirigidos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares, con el objetivo de evitar medidas cautelares de extinción de dominio, frenar órdenes de captura y bloquear otras actuaciones judiciales.
Los hechos documentados por la Fiscalía se remontan a los años 2014, 2015, 2024 y 2025.
Presiones, amenazas y manipulación de pruebas
Las autoridades establecieron que algunos de los señalados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde presuntamente mostraban información reservada de los procesos para ejercer presión y reforzar los cobros ilegales.
También se investiga la posible eliminación de elementos probatorios, la alteración de evidencias, la intimidación de testigos y amenazas contra un investigador líder para acceder a información sensible de los procesos.
Delitos imputados
La Fiscalía imputará a los capturados, de acuerdo con su presunta participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
