Colombia amanece otra vez con el eco de las explosiones y el desconcierto en el rostro de sus ciudadanos. En menos de 24 horas, una serie de atentados coordinados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca ha vuelto a poner al país en vilo, reavivando el temor de que el conflicto armado interno nunca se fue del todo, y que las estructuras criminales siguen tan presentes como antes, aunque ahora más fragmentadas, más violentas y, en muchos casos, más impredecibles.
La escalada terrorista liderada por las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas y varios heridos en una cadena de ataques que comenzó en la noche del lunes 9 de junio y continuó durante todo el martes 10. Las acciones armadas se sucedieron con una precisión que inquieta: hostigamientos, detonaciones de cilindros bomba, ataques con explosivos a estaciones de policía, buses bomba en peajes, y atentados contra infraestructuras urbanas como el sistema de transporte MIO en Cali.
Cada hora traía un nuevo reporte de violencia. Desde la agresión en Jamundí a las 10:15 p.m. del lunes, hasta los atentados casi simultáneos en Cali durante la mañana del martes, pasando por el asesinato de dos policías en Cauca y los ataques en Corinto, Buenos Aires y Caloto. Cali, por su parte, fue escenario de múltiples agresiones con explosivos que dejaron civiles muertos, aumentando el temor en una ciudad que en los últimos años ha sido epicentro de convulsiones sociales y políticas.
Atentados noche del lunes 9 de junio
- 22:15: Acción terrorista Jamundi - Valle del Cauca
Atentados durante el martes 10 de junio:
- 03:22: cilindros vía Palmira-Valle del Cauca
- 05:00: Hostigamiento Corintio-Cauca (policía asesinado)
- 05:10: hostigamiento base militar quebrada seca en Corontio-Cauca
- 07:10: ataque en contra de la estación de policía en Buenos Aires-Cauca
- 07:20: plan pistola en Caloto-Cauca (1 policía muerto)
- 07:25: Destrucción de artefacto explosivo Jamundí-Valle del Cauca
- 08:00: atentado terrorista CAI Meléndez en Cali-Valle del Cauca (2 civiles muertos)
- 08:30: atentado terrorista CAI en el barrio Beltrán Cali-Valle del Cauca
- 08:30: buseta Bomba peaje Villa Rica Vía panamericana
- 09:00: artefacto explosivo contra estación del MIO Calipso en Cali.
Estos ataques no son aislados. Coinciden con el aniversario del abatimiento de Leider Johany Noscué, alias 'Mayimbú', uno de los jefes más temidos de las disidencias, ocurrido el 13 de junio de 2022. Pero más allá de la conmemoración, lo que se vislumbra es un país sumido en un descontrol progresivo del orden público. En Nariño, la segunda masacre en menos de una semana en Magüí Payán dejó cuatro muertos; en el Catatumbo, los servicios de salud fueron suspendidos por amenazas a personal médico; y en Chocó, el secuestro del director de la autoridad ambiental regional sigue sin resolución desde abril.
A ello se suma una ola de desplazamientos masivos, asesinatos selectivos de líderes sociales, planes pistola promovidos por el Clan del Golfo —con más de 30 uniformados asesinados en abril— y enfrentamientos armados en múltiples regiones del país. El conflicto, lejos de haberse resuelto, se ha atomizado y extendido, mientras la presencia estatal sigue siendo insuficiente.
Pero el desasosiego no se limita al campo de batalla. En el escenario político nacional, la situación no es menos preocupante. La democracia colombiana vive momentos de tensión, en parte por decisiones del gobierno nacional que muchos consideran atropelladas y que han encendido las alarmas sobre el respeto a la institucionalidad. Entre ellas, la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para avanzar con su reforma laboral, a pesar de haber sido rechazada por el Congreso, ha sido considerada por sectores académicos y políticos como una amenaza a la separación de poderes.
La consulta popular, tal como está planteada, iría en contra del artículo 378 de la Constitución, que exige la aprobación del Congreso para este tipo de mecanismos de participación. El riesgo, advierten expertos, es que se abra la puerta a un precedente autoritario, en el que el Ejecutivo prescinda del Legislativo para imponer su agenda. La iniciativa ha sido calificada como un “golpe institucional encubierto”, y ha despertado críticas incluso entre voces tradicionalmente cercanas al oficialismo.
A esta preocupación se suma la propuesta de suspender la regla fiscal, una medida diseñada para evitar el endeudamiento excesivo del Estado y garantizar la sostenibilidad financiera. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, así como Fedesarrollo y ANIF, han advertido que eliminar esta regla no solo dañaría la confianza de los inversionistas, sino que podría generar presión inflacionaria, devaluación del peso y un debilitamiento institucional sin precedentes.
El tercer elemento que completa este panorama de incertidumbre es el decreto 0572 de 2025, que obliga a los grandes contribuyentes a adelantar el pago de retención en la fuente sobre ingresos futuros. Gremios como Fenalco y la ANDI han calificado la medida de “inconstitucional” y “confiscatoria”, señalando que afecta la liquidez de empresas y ciudadanos, distorsiona el principio de capacidad contributiva y genera inseguridad jurídica.
A la par, las amenazas contra figuras políticas de oposición y precandidatos presidenciales profundizan el clima de zozobra. La periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila denunció nuevamente haber recibido amenazas de muerte, sin que hasta ahora haya tenido respuesta por parte del Gobierno ni de la Unidad Nacional de Protección. A ella se suman los casos de María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella, quienes también estarían en la mira de estructuras criminales, según información que circula desde febrero. El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, denunció un posible atentado en su contra tras recibir información de inteligencia internacional.
Todo este panorama deja a Colombia enfrentando múltiples frentes de crisis: el militar, el institucional, el político y el social. En un país históricamente marcado por el conflicto, los logros alcanzados en materia de paz y gobernabilidad parecen estar en peligro de desmoronarse si no se toman acciones firmes, concertadas y respetuosas de la Constitución. La ciudadanía, por su parte, se debate entre la resignación y la esperanza, buscando respuestas en medio del ruido de las explosiones y la confusión de los discursos.
