El Gobierno Nacional anunció un refuerzo histórico en materia de seguridad de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez se desplegarán más de 9.000 uniformados en todo el país, entre ellos 6.000 policías y 3.000 militares, como parte del Plan Democracia, estrategia diseñada para garantizar que los comicios se desarrollen en un ambiente libre y seguro.
Uno de los puntos centrales del anuncio es el aumento de esquemas de protección para los aspirantes a la Presidencia, que pasaron de 229 a 520 escoltas entre la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). El refuerzo refleja la preocupación por la seguridad individual de los candidatos en un contexto político polarizado y con presencia de actores armados en distintos territorios.
El ministro explicó que el Plan Democracia se aplicará en tres fases: preelectoral, electoral y pos electoral. En la etapa actual se han activado dispositivos especiales en 24 departamentos priorizados por su nivel de riesgo, con base en un mapa electoral que concentra los mayores focos de amenaza. La estrategia, que cuenta con el apoyo de la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, busca coordinar la respuesta del Estado frente a escenarios de violencia política y alteraciones al orden público.
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El jefe de la cartera advirtió, sin embargo, que los riesgos no provienen únicamente de amenazas físicas. Según el funcionario, la desinformación, la manipulación digital y los discursos de odio en redes sociales se han convertido en un desafío creciente para la seguridad electoral.
“La seguridad no depende solamente de los 410.000 integrantes de la Fuerza Pública, sino de todos los que habitamos este territorio colombiano”, afirmó, invitando a los ciudadanos a denunciar irregularidades y a contribuir en la defensa de la democracia.
El refuerzo de seguridad llega en un momento clave para el país. En procesos electorales anteriores, como los de 2018 y 2022, organismos internacionales advirtieron sobre la incidencia de la violencia contra líderes políticos y las campañas de desinformación como factores que afectaron la confianza ciudadana. Esta vez, el Gobierno intenta anticiparse a esas amenazas con un despliegue más amplio, aunque persisten dudas sobre la capacidad de cobertura en regiones apartadas donde confluyen grupos armados ilegales, economías criminales y baja presencia institucional.
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Pese a los retos, el Ejecutivo ratificó que los comicios se realizarán conforme al calendario establecido. “La base del Estado Social de Derecho, que es la democracia, está totalmente garantizada y las elecciones van a ocurrir como está previsto: libres y seguras”, aseguró. Al mismo tiempo, reconoció que el esfuerzo presupuestal realizado hasta ahora no es suficiente y que será necesario invertir más en las capacidades estructurales de la Fuerza Pública. “Si queremos seguridad debemos invertir en seguridad. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional, como lo ha planteado el Gobierno Nacional, para solucionar problemas estructurales de la Fuerza”, concluyó.
