El Consejo de Empresas Americanas - CEA presentó una serie de propuestas, separadas de manera sectorial, para que sean tenidas en cuenta en la construcción del proyecto de la reforma tributaria. Según explican, el listado de propuestas tendría como objetivo incentivar un ambiente de inversión propicio, que contribuya al desarrollo social y económico de Colombia.
La primera propuesta está relacionada con el sector de hidrocarburos, el CEA plantea una propuesta relacionada con la eliminación del impuesto a las exportaciones de crudo. Según las organizaciones, el impuesto a las exportaciones de crudo es antitécnico y debería ser desaprobado con base en diversos argumentos, como la falta de incentivos en lo que respecta a las exportaciones y un aumento del déficit fiscal.
Así mismo, aseguran que el FOB (free on board) no es necesariamente el único ni el más común de los incoterms para efectos de las negociaciones de crudo, por lo que se crearían diferencias entre los valores facturados y la base gravable propuesta para este impuesto, lo cual hace aún más complejo su liquidación.
La segunda propuesta tiene que ver con la eliminación de la no deducibilidad de las regalías, pues señalan que esta afecta la competitividad del país y desincentiva la inversión extranjera, teniendo en cuenta que la mayoría de los países permiten la deducibilidad de estos pagos en la depuración del impuesto sobre la renta.
En Colombia, las regalías cumplen todos los requisitos previstos en las normas fiscales para ser deducibles tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado en varias oportunidades. En consecuencia, este aspecto podría incluso ser objeto de revisión constitucional en caso de ser aprobada en esta reforma.
Esta modificación crearía un desbalance en los contribuyentes de la industria pues seguirían estando gravados por la disposición del crudo (i.e. ingresos por la venta del crudo), y no podrían deducir el pago en dinero realizado que se puede entender como el “precio de compra” en este caso, el cual compensa casi totalmente el ingreso percibido por la venta.
Para el CEA, la mala planeación y ejecución de una política de transición justa terminará por ampliar las brechas sociales, al destruir fuentes de ingresos y empleos que han sido determinantes en la construcción de la sociedad actual, incluyendo, impuestos, inversiones, regalías, proyectos sociales y aún la presencia institucional en algunas regiones del país.
Pareciera que el debate sobre la transición justa se ha limitado a una porción de la población y basado fundamentalmente en su condición de pobreza, étnica o de vulnerabilidad. Si bien esta porción de la población debe participar de forma amplia en el debate y contar con la posibilidad de mejorar su condición a partir de la transición, no se trata exclusivamente de ella.
A su vez, aseguran que es necesario seguir trabajando en una complementariedad eficiente de todas las tecnologías. En situaciones geopolíticas complejas como se viven en la actualidad, las cuales llevan a una crisis mundial de energía, Colombia se puede dar el lujo de contar con disponibilidad de casi todas las fuentes para tener autoabastecimiento de electricidad.
Sobre el sector de biocombustibles hay cinco propuestas que tiene que ver con extender los beneficios tributarios existentes para los biocombustibles en materia de IVA y otorgan incentivos adicionales en IVA, e impuesto de renta para fomentar las inversiones y el consumo de biocombustibles avanzados en el país.
Para la Asociación, la eliminación del IVA para los biocombustibles avanzados facilitará la creación de un mercado nacional de estos bienes y reducirá la brecha de precio entre los combustibles de origen fósil y los combustibles sostenibles, como reconocimiento a la diferencia sustancial en su impacto ambiental.
Además, los incentivos en materia de impuesto de renta e IVA a la adquisición de bienes de capital tienen como objeto promover las inversiones para la producción de biocombustibles avanzados en Colombia. Al no haber actualmente proyectos de este tipo en Colombia, ni consumo de estos combustibles este artículo propuesto no tiene impacto fiscal.
Sobre el sector de comercio en línea, la primera propuesta está alineada con la eliminación de impuestos adicionales por “Presencia Económica Significativa”. El proyecto Inclusive Framework Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) liderado por la OECD tiene como objetivo la búsqueda de una solución multilateral y armónica para actualizar las normas fiscales internacionales y dar certeza a las compañías que operan en la economía digital en el mundo.
Colombia es miembro de la OCDE y miembro del comité directivo del marco inclusivo sobre BEPS, y sin embargo la propuesta incluida en la reforma tributaria sobre SEP contraría y erosiona el compromiso que el mismo gobierno colombiano asumió con el multilateralismo de alcanzar un acuerdo multilateral, incluida la Convención Multilateral («MC»).
Para muchas empresas con márgenes bajos, la retención de impuestos y la aplicación misma del SEP propuestas será significativamente más alta que la ganancia real, lo que generará un gravoso impacto financiero negativo. Las empresas no tendrán más remedio que transferir el costo a los clientes finales, ya que no hay razón para que operen con pérdidas. Así, es probable que esta medida aumente los costos para los clientes colombianos, ya que es probable que gran parte del costo de las nuevas disposiciones de SEP se transfiera a los clientes.
En el sector comercial en línea y Courier, el CEA propone la eliminación de la modificación del de minimis, artículo 66 de la citada reforma tributaria. Las estrategias de comercio en Colombia han venido siendo fundamentadas en apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su crecimiento y busca fortalecer las exportaciones e importaciones a través del comercio electrónico y es allí donde los operadores postales y de mensajería expresa soportan los procesos logísticos y de transporte de estas empresas para la internacionalización de sus productos, donde a través del proceso de importación y exportación, la internacionalización de las compras y de las ventas ayuda a la competitividad de los mercados, de la misma manera que obliga a las organizaciones a mantenerse vigentes y activas respecto de cómo se adaptan a los cambios que impone el mercado.
En todo este proceso, es clave entender que entre más cara se haga la operación logística y se generan sobre costos a la venta, no se podrán concretar un mayor número de operaciones de comercio electrónico al exterior y no se podrá promover esta actividad económica hacia mercados internacionales.
Por este motivo, con base en las justificaciones sobre los cumplimientos de Tratado de Libre Comercio, el CEA invita al gobierno a introducir nuevos Acuerdos Comerciales que faciliten y permitan la exportación de mercancías con beneficio de IVA y arancel cero a países de destino con un límite de USD 200 o dependiendo del límite que el gobierno de destino incluya en su política de facilitación al comercio.
Finalmente, en lo que tiene que ver con las importaciones que tengan fines comerciales es relevante que la norma propuesta determine cual es la definición de las importaciones que tengan fines comerciales, la norma no puede generar incertidumbre en su forma, interpretación y aplicación simplemente delegando en la DIAN su regulación.
En el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), se ha documentado ampliamente cómo la simplificación y la armonización de los procedimientos de aduanas facilitan el comercio.
El de minimis es una medida de facilitación del comercio promovida por las Organización Mundial de Aduanas que supone un umbral por debajo del cual no se realiza ningún cobro de aranceles o impuestos. Esto sin perjuicio de que la aduana, basada en análisis y gestión de riesgo, realice control sobre los paquetes que ingresan bajo esta figura.
