Tras la aceptación de la Corte Constitucional de una tutela que había presentado en el 2017 la exmagistrada del Consejo de Estado, Stella Conto Díaz, contra su exesposo Virgilio Albán Medina, en la que pedía reparación de su expareja porque fue víctima de violencia intrafamiliar y psicológica, se prevé que aumenten las demandas de indemnización por maltrato.
La Sala Plena del Alto Tribunal estableció que de ahora en adelante la mujeres que se separen de sus parejas por violencia física o mental, podrán exigir reparaciones económicas más allá del tema de los alimentos para el cónyuge inocente del divorcio.
"Cuando quiera que en un divorcio se demuestre la insistencia de daños, los que están resumidos en la causal tercera del artículo 154, debe acudirse a la convención de Belém Do Para, que es una de Convención Interamericana de Derechos Humanos que ordena que los estados ajusten su legislación para concebir procesos dúctiles que permitan la reparación de la mujer violentada.", afirmó el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
Con esos elementos, la Corte tomó una decisión que se constituye en un precedente para los jueces de familia, pues, ya no podrán decir que no tienen elementos legales para ordenar la reparación, sino que deberán acudir al bloque de constitucionalidad.
Para la Corte la legislación actual llega solo hasta decretar que los alimentos se deben pagar cuando la persona que es la violentada los requiera, es decir, porque sea demasiado pobre.
Asimismo, el Alto Tribunal exhortó al Congreso de la República para que regule sobre la materia, al llenar el vacío existente en la legislación colombiana y para que se ocupe de una política pública que combata estos actos de maltrato.
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"Hay un gran vacío, porque en casos como este es posible demostrar la existencia de daños. En este caso está demostrado que hubo violencia, ultrajes y maltratos de palabra", insistió Reyes.
El Consejo Superior de la Judicatura deberá dar charlas y capacitar a los jueces para que tengan en cuenta las leyes y normas internacionales, en caso tal de encontrar un inconveniente en la protección a los derechos fundamentales de una persona.
