El presidente electo Abelardo De La Espriella puso bajo la lupa varios procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección, UNP, y ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
La petición fue dirigida al procurador Gregorio Eljach y, según el Gobierno electo, busca que el Ministerio Público revise procesos que consideran sensibles para la seguridad del Estado, la protección de derechos fundamentales y el manejo de recursos públicos.
El punto más delicado está en un contrato de escoltas por más de $78.000 millones, identificado como el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026. Ese contrato estaría destinado a cubrir zonas de protección que incluyen al próximo Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
El contrato que preocupa al Gobierno electo
De acuerdo con el comunicado, la adjudicación de ese proceso estaría prevista antes del cambio de Gobierno. Para el equipo entrante, eso impediría revisar de manera directa los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes tendrían a su cargo la protección inmediata del nuevo mandatario y sus ministros.
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Por esa razón, De La Espriella pidió que la Procuraduría asuma vigilancia preventiva, solicite el expediente contractual y evalúe la conveniencia de recomendar o pedir la suspensión del proceso hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar su necesidad, oportunidad y conveniencia.
El Gobierno electo aclaró que su solicitud se enmarca en criterios de legalidad, transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva. Es decir, no se trata de una conclusión anticipada sobre irregularidades, sino de una petición para que el órgano de control revise los procesos antes de que se tomen decisiones definitivas.
Cargos, botes y contratos para protección colectiva
La solicitud también incluye otro punto sensible: la posible provisión de más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad. Según el comunicado, apenas cerca de 900 vacantes habrían sido convocadas mediante concurso de méritos.
Además, el presidente electo pidió vigilancia preventiva sobre el proceso SC-UNP-050-2026, con el que la UNP busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos del país.
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En ese caso, la petición apunta a revisar la planeación del proceso, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de normas de seguridad y las garantías de pluralidad de oferentes.
El documento también solicita revisar seis procesos de contratación iniciados en julio de 2026 para adquirir bienes destinados a medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas.
Para el Gobierno electo, la Procuraduría debería verificar si las necesidades que dieron origen a esos contratos están debidamente sustentadas y si era posible consolidarlas en un solo procedimiento para lograr mayor eficiencia administrativa, economías de escala y mejor uso de los recursos públicos.
Transición bajo vigilancia
De La Espriella sostuvo que la transición entre gobiernos debe adelantarse con respeto por las instituciones y bajo altos estándares de legalidad y responsabilidad administrativa.
Por eso, su equipo considera que la intervención preventiva de la Procuraduría es necesaria para fortalecer la confianza institucional, proteger la vida de las personas amparadas por la UNP y garantizar que las decisiones sobre estos procesos se adopten conforme a la Constitución, la ley y el interés general.
