En reacción al anuncio de compromisos en Doha entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la Defensoría del Pueblo pidió mayor claridad sobre cómo se aplicarán esos acuerdos en los territorios donde opera el Clan del Golfo. La entidad reconoció que se trata de un avance en la conversación sociojurídica que ambas partes sostienen este año, pero advirtió que sin reglas precisas y mecanismos operativos claros el impacto real puede quedarse corto.
La Defensoría destacó el acompañamiento internacional y la creación de un mecanismo tripartito de seguimiento y verificación, al considerar que puede ayudar a recuperar confianza en zonas marcadas por la presencia del EGC.
También subrayó cinco compromisos clave: la prohibición total de reclutamiento y uso de menores de edad y el fin de las violencias físicas y sexuales contra ellos; medidas frente a la migración y la llamada migración inversa; acciones de protección ambiental; garantías de no interferencia en procesos electorales; y respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El punto que más dudas despierta es el anuncio del EGC de trasladar progresivamente a sus integrantes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Según la Defensoría, antes de cualquier movimiento deben resolverse preguntas básicas: dónde estarán esas zonas, quién las controlará, cómo se protegerá a la población cercana y qué papel tendrá la Fuerza Pública.
Seguridad integral y distinción con la población civil
La Defensoría pidió asegurar que las comunidades no sean cooptadas, estigmatizadas ni instrumentalizadas durante la transición. Recalcó que el principio de distinción entre civiles y combatientes sigue siendo obligatorio mientras el grupo permanezca armado, y que cualquier aporte temprano a los derechos de las víctimas debe hacerse con respaldo institucional.
Pedagogía en los territorios
El organismo valoró que el EGC hable de socializar avances dentro de sus estructuras, pero insistió en que el Gobierno debe liderar una pedagogía pública en los municipios priorizados y en las zonas donde se planean las ZUT, para evitar rumores y temor entre la población.
Participación de autoridades étnico-territoriales
Otro punto fue la exigencia de incluir de manera efectiva a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las decisiones, con respeto a su autonomía y formas de gobierno propio.
Salida inmediata de menores de edad
La Defensoría pidió un mecanismo urgente para la identificación y entrega de todos los menores de edad que sigan en filas del EGC, así como información sobre quienes hayan fallecido o desaparecido en el marco de su vinculación al conflicto.
Además, llamó al Congreso de la República y al Gobierno a trabajar en un marco jurídico estable que respalde este y otros procesos de paz, con garantías para las víctimas y reglas claras de cumplimiento. La línea que dejó trazada la entidad es simple: respaldo al diálogo, pero con condiciones verificables para que las comunidades vean resultados concretos y no solo anuncios.
