El Gobierno expidió el Decreto 1311 de 2025, con el que crea el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+. Se trata de una estructura de coordinación entre entidades que busca ordenar las políticas hacia este grupo, históricamente expuesto a violencias y discriminación.
¿Qué es el nuevo Sistema Nacional LGBTIQ+?
El decreto define un Sistema Nacional específico para los temas LGBTIQ+. En la práctica, será un espacio donde entidades del Gobierno nacional, autoridades territoriales y algunos actores sociales deberán alinear acciones con tres objetivos centrales: garantizar derechos, prevenir violencias y mejorar la atención a esta población.
La norma parte de un diagnóstico ya conocido: las personas LGBTIQ+ han sido invisibilizadas en varias políticas públicas y, con frecuencia, quedan en un limbo entre distintas entidades. El Sistema busca reducir esa dispersión, fijar responsables claros y dar una ruta única de coordinación.
Los tres ejes: Comisión, Comité y Observatorio
El nuevo esquema se organiza en tres piezas principales:
- Comisión Intersectorial: será el espacio de coordinación entre ministerios y entidades del orden nacional. Allí se definirán lineamientos, se revisarán avances y se priorizarán temas.
- Comité Técnico: actuará como instancia operativa, encargada de traducir las decisiones en rutas de atención, programas y acciones afirmativas concretas.
- Observatorio de Derechos: recopilará y analizará información sobre violencias, discriminación, acceso a derechos y brechas entre regiones, con la idea de orientar recursos donde haya mayores riesgos.
El Ministerio de Igualdad y Equidad queda como cabeza del Sistema y responsable de articular a las demás entidades.
- Le puede interesar: Un museo virtual que narra el Pacífico desde las mujeres
Enfoques, alcances y retos de implementación
El decreto incluye varios enfoques transversales: derechos humanos, territorial, enfoque diferencial y de género, interseccionalidad, componente étnico racial, curso de vida y justicia ambiental. Con esto, el Gobierno reconoce que la experiencia de ser LGBTIQ+ cambia según el territorio, la edad o la pertenencia étnica.
El énfasis está en que las políticas no se queden solo en campañas simbólicas, sino en ajustes concretos: mejoras en rutas de atención, medidas de prevención de violencias, acceso a servicios públicos y seguimiento a casos. El Observatorio será clave para que las decisiones se tomen con base en datos y no únicamente en declaraciones.
El Decreto 1311 crea así un marco de coordinación que antes no existía con este nivel de detalle para la población LGBTIQ+. El principal reto ahora será su implementación: la capacidad real de las entidades para aplicar lo acordado, la articulación con gobiernos locales que puedan tener posturas distintas y el peso que logre tener el Ministerio de Igualdad para mover recursos y prioridades en otros sectores.
