La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025. No obstante, pidió que se mantengan vigentes las disposiciones relacionadas con la financiación del sistema de salud, en especial las destinadas a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La solicitud quedó consignada en un documento de 26 páginas en el que la defensora Iris Marín presentó sus consideraciones ante el magistrado ponente Carlos Camargo Asís.
En el escrito, la entidad sostuvo que la declaratoria de emergencia no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para este tipo de medidas excepcionales. Sin embargo, advirtió que es necesario proteger los efectos favorables que ha tenido en la financiación del sistema de salud. “La garantía del derecho a la salud, particularmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico”, señaló la Defensoría.
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Déficit en la UPC y riesgo financiero
La UPC corresponde al valor que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado. Según cifras citadas por la Defensoría, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asignó 88,4 billones de pesos a este rubro en 2025 y proyecta destinar 101 billones en 2026.
Pese a ese incremento, la siniestralidad reportada por las EPS alcanza el 109,5 %, lo que implica un déficit cercano a 5,95 billones de pesos. Marín advirtió que el ajuste previsto para 2026 apenas corrige parcialmente la situación, pues persisten desbalances estructurales acumulados durante años.
Para la Defensoría, existe una amenaza real a la sostenibilidad financiera del sistema, lo que obliga a tomar decisiones de fondo. Sin embargo, considera que no todas las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia superan el examen constitucional.
Reparos al Decreto 1390
Entre las ocho solicitudes formuladas ante la Corte, la principal es declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica. No obstante, la entidad pidió modular sus efectos para mantener vigentes únicamente las disposiciones encaminadas a conjurar la crisis del sector salud.
También solicitó preservar las medidas tributarias contempladas en el Decreto 1474, que creó nuevos impuestos y modificó tarifas —como las del licor— con el fin de financiar la atención sanitaria.
Adicionalmente, pidió conceder al Gobierno un plazo razonable para tramitar una ley ordinaria que ajuste el Presupuesto General de la Nación a las necesidades reales del sistema de salud. Otras peticiones apuntan a reforzar la vigilancia sobre la destinación de los recursos por parte de los organismos de control y de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoció la salud como derecho fundamental.
Decisión provisional y controversia
El pasado 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la emergencia económica con seis votos a favor y dos en contra. Tras esa decisión, la Presidencia presentó una solicitud de nulidad, argumentando que la suspensión de decretos legislativos carece de sustento normativo y afecta la coherencia del orden constitucional.
Mientras el alto tribunal estudia de fondo la constitucionalidad del decreto, el debate se centra en cómo garantizar la financiación del sistema de salud sin recurrir a medidas excepcionales, en medio de una coyuntura fiscal y social compleja.
