El caso de corrupción más grave en el gobierno del presidente Gustavo Petro ha entrado en una nueva etapa judicial con la imputación de cargos contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y cercano colaborador del mandatario. La Fiscalía General de la Nación lo señala como uno de los principales responsables de un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desde donde, presuntamente, se desviaron millonarios recursos públicos para la compra de apoyos políticos en el Congreso.
Según la Fiscalía, González actuó como "determinador" en el direccionamiento irregular de contratos y en la entrega de grandes sumas de dinero en efectivo a congresistas, como los 3.000 millones de pesos supuestamente entregados al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez. Estos pagos habrían sido gestionados por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes ya enfrentan procesos judiciales.
El exfuncionario será imputado por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Además, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario. Sin embargo, su paradero actual es incierto. Fuentes aseguran que habría salido del país y estaría bajo protección de un gobierno extranjero, lo que podría generar tensiones diplomáticas y dificultar su comparecencia judicial.
El escándalo ha generado una fuerte presión política sobre el gobierno de Petro, debido a los vínculos personales y políticos entre el presidente y González. La oposición ha exigido explicaciones y ha instado al Ejecutivo a garantizar que el exfuncionario enfrente la justicia. El caso representa un golpe importante a la credibilidad del llamado “gobierno del cambio”.
