La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, reveló nuevas acciones en la investigación sobre la presunta compra irregular del software espía Pegasus, un tema que ha generado controversia en el ámbito político y social de Colombia. En un anuncio reciente, Camargo informó que la Fiscalía convocará a declarar a la línea de mando de la Policía Nacional que operó durante el gobierno del expresidente Iván Duque, específicamente a los generales Óscar Atehortúa y Jorge Luis Vargas, quienes ocuparon posiciones clave en la institución.
Durante una conferencia de prensa, Camargo enfatizó la importancia de establecer contacto con las autoridades de Israel para avanzar en la investigación. "Como actividades gruesas, tenemos que intentar hacer el contacto con las autoridades de Israel para obtener la información que requerimos y para las entrevistas con los directivos de NSO Group", indicó. Esta empresa es la desarrolladora de Pegasus, el software en el centro de la controversia.
La Fiscalía también está reforzando sus vínculos con las autoridades israelíes y planea enviar una comisión especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para recoger pruebas sobre la forma en que el software espía ingresó al país. En este contexto, Camargo ha señalado que se están investigando dos transacciones financieras que supuestamente superan los once millones de dólares, confirmadas en un documento que ha sido recibido por el ente penal.
La fiscal general detalló que uno de los pagos, que ascendió a 5,5 millones de dólares, fue efectuado a NSO Group desde Colombia en junio de 2021. El otro pago, por un monto cercano a seis millones de dólares, habría sido realizado entre septiembre y octubre del mismo año. La magnitud de estas transacciones ha levantado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de la adquisición de herramientas de vigilancia tan sofisticadas.
Con esta investigación en curso, la Fiscalía busca no solo esclarecer los hechos relacionados con la compra de Pegasus, sino también establecer responsabilidades y garantizar que la justicia prevalezca en un tema que ha impactado la confianza pública en las instituciones del país. La cita a los altos mandos policiales promete ser un paso crucial en la búsqueda de la verdad sobre el uso de tecnología de espionaje en Colombia.
