La Fiscalía General de la Nación decidió citar a imputación de cargos al excanciller Álvaro Leyva Durán por las presuntas irregularidades en el trámite, adjudicación y firma del millonario contrato de pasaportes, un proceso que ha generado múltiples controversias dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se toma en el marco de la investigación por posibles actos administrativos contrarios al derecho durante la licitación pública.
Según el ente acusador, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que el exministro habría incurrido en el delito de prevaricato por acción, luego de evaluar decisiones adoptadas durante el proceso contractual. Para la Fiscalía, las actuaciones de Leyva habrían configurado un concurso homogéneo de este delito, lo que dio lugar a la solicitud formal de audiencia.
Actos administrativos bajo investigación
De acuerdo con la información oficial, la fiscal del caso radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación, donde serán presentados al propio Leyva los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación.
El excanciller sería el responsable de proferir varios actos administrativos presuntamente irregulares en el contexto de la licitación cuyo objetivo era suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes en todo el país.
La Fiscalía también indicó que las anomalías identificadas abarcan el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. Los elementos de prueba recopilados hasta el momento serán expuestos en la audiencia que el Tribunal podría programar en las próximas horas.
El impacto político del caso y la salida de Leyva del Gobierno Petro
La controversia alrededor del contrato de pasaportes escaló meses atrás cuando el presidente Gustavo Petro ordenó cambiar la empresa encargada del proceso, decisión que dejó por fuera a la multinacional Thomas Greg & Sons, tradicional operadora del servicio. Pese a que Leyva acató la instrucción presidencial, la decisión le generó fuertes tensiones internas y finalmente su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El excanciller, en medio de estas disputas, también se refirió públicamente a presuntas “escapadas” y comportamientos del mandatario durante viajes internacionales, lo que aumentó la controversia política alrededor del caso.
Proceso disciplinario y sanción de la Procuraduría
A la investigación penal se suma la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que suspendió a Álvaro Leyva por diez años para ejercer cargos públicos. El ente disciplinario lo sancionó por declarar desierta la licitación de más de 600 mil millones de pesos que inicialmente había sido adjudicada a Thomas Greg & Sons.
Tras esa declaración, Leyva decretó una urgencia manifiesta para volver a contratar a la misma empresa, con el fin de evitar la interrupción del proceso de expedición de pasaportes en el país. Todas estas actuaciones fueron incluidas en la investigación disciplinaria que sigue en curso.
