La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el general Juan Miguel Huertas Herrera, actual jefe del Comando de Personal del Ejército COPER, luego de que nuevas verificaciones revelaran información de “la mayor gravedad” en los dispositivos electrónicos incautados a integrantes de las disidencias de las Farc. El comunicado oficial señala que el nombre del oficial aparece mencionado en la evidencia analizada y que ya se compulsaron copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para indagar su conducta.
Según la Fiscalía, el material incautado contiene información que podría comprometer a agentes de inteligencia e integrantes del Ejército en presuntas interacciones con las disidencias, lo que llevó a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón a ordenar una intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para impulsar nuevas líneas de investigación sobre cooptación de agentes estatales, amenazas a la seguridad nacional, financiación política y alianzas ilegales.
El ente investigador explicó que los dispositivos digitalizados permanecían bajo custodia de la Dijín desde su incautación y calificó como “alarmante” que parte de su contenido hubiera trascendido públicamente, en aparente violación del principio de reserva. La Fiscalía recordó que, aunque existe unidad de gestión, los fiscales delegados actúan con autonomía y que las investigaciones de alto impacto deben manejarse bajo protocolos estrictos de protección de evidencia.
Los hechos
La apertura de la investigación ocurre en medio de una creciente controversia nacional tras un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló que en los archivos incautados a disidentes de alias Calarcá aparecerían supuestas comunicaciones y propuestas entre ese grupo armado y el general Huertas. Estas revelaciones detonaron una intensa discusión pública y aumentaron la presión sobre la Fiscalía.
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El origen del expediente se remonta al operativo del 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando un retén militar interceptó una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias. En la intervención fueron incautados computadores, celulares y discos duros que, tras ser sometidos a cadena de custodia, fueron analizados por peritos de la Dijín durante más de un año, produciendo cinco informes técnicos entre 2024 y 2025.
Pese al volumen y la sensibilidad de la información recuperada, la Fiscalía reveló que durante 16 meses ninguna dependencia superior recibió reportes sobre el contenido del material. Eso cambió con una verificación realizada el 24 de noviembre de 2025, que identificó información crítica que aún no había sido impulsada dentro de la investigación. Entre los elementos revisados reaparece el nombre del general Huertas.
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Los nuevos hallazgos abrieron la puerta a un escenario de máxima gravedad. Según el comunicado, la información digital podría evidenciar cooptación de agentes estatales por parte de las disidencias, un riesgo que coincide con las revelaciones periodísticas sobre supuestos intercambios entre el general Huertas y estructuras armadas ilegales.
El caso es especialmente sensible porque el general Huertas ocupa un cargo estratégico dentro del Ejército. Desde COPER tiene responsabilidades sobre la dirección del talento humano militar, un área que maneja información confidencial, rotación de personal y asignación de cargos. Que un oficial en ese nivel aparezca mencionado en evidencia recuperada de una estructura criminal puso de inmediato a las Fuerzas Militares bajo un intenso escrutinio.
La combinación de hallazgos forenses, omisiones internas y revelaciones periodísticas convierte este caso en un punto de inflexión para el Estado. La investigación definirá no solo el futuro del general Juan Miguel Huertas Herrera, sino también la capacidad institucional para detectar y sancionar vínculos ilícitos entre altos mandos y organizaciones armadas ilegales.
