La Superintendencia Financiera de Colombia abrió investigaciones por el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, hacia Colpensiones, en medio de la controversia por dineros que, según el Gobierno, no han sido girados al régimen público.
De acuerdo con la entidad, las investigaciones se relacionan con los recursos de afiliados que aprovecharon la oportunidad de traslado del régimen privado al régimen de prima media y que ya consolidaron su derecho pensional.
A la fecha, según la Superfinanciera, el monto total de estos recursos asciende a $8,7 billones y corresponde a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional. De ese grupo, 24.331 personas ya están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones.
La decisión se conoce después de los cuestionamientos del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien aseguró en el Consejo de Ministros que los fondos privados deben trasladar al régimen público recursos de ciudadanos que se pasaron a Colpensiones y cumplieron los requisitos pensionales. Dussán habló de más de $27 billones correspondientes a 109.000 afiliados, una cifra más amplia que la señalada por la Superfinanciera en su comunicado, que se enfoca en quienes ya consolidaron su derecho pensional.
El Decreto 415 está suspendido
La Superfinanciera recordó que el Decreto 415 de 2026 estableció condiciones y plazos para el traslado de estos recursos. Sin embargo, esa norma se encuentra suspendida por decisiones del Consejo de Estado, mediante autos del 28 de abril y del 11 de mayo de 2026.
Ese decreto había sido expedido por el Gobierno para reglamentar el traslado de recursos de personas que se movieron del régimen privado hacia Colpensiones en el marco de la reforma pensional.
Dussán sostuvo que el decreto no creaba la obligación de traslado, sino que buscaba facilitar la entrega de los recursos, incluso mediante títulos o bonos, ante argumentos de los fondos privados sobre falta de liquidez inmediata.
“El decreto 415 tenía el propósito no de decir que ellos nos tenían que entregar los dineros, porque eso lo dice el artículo 76 de la ley y lo dice la Ley 100. Lo que facilitó el decreto es para que los fondos privados de pensiones que nos han dicho que no tenían la plata en efectivo lo pudiéramos hacer a través de los bonos”, explicó el presidente de Colpensiones.
El funcionario también aseguró que Colpensiones creó un fondo especial en la Fiduprevisora, denominado Fondo 415, para recibir los recursos por parte de las administradoras privadas.
Cruce entre Gobierno, fondos y decisiones judiciales
Durante el Consejo de Ministros, Dussán afirmó que Colpensiones había sostenido una reunión con representantes del sector privado y que se había acordado la entrega de recursos. Sin embargo, señaló que poco después se conoció una nueva decisión judicial que volvió a suspender el decreto.
El presidente de Colpensiones también rechazó los argumentos según los cuales el traslado de recursos podría generar una crisis en el mercado financiero o de capitales.
Según dijo, el decreto contemplaba que las sociedades administradoras trasladaran a Colpensiones los recursos acreditados en cuentas de ahorro individual representados en dinero en efectivo, títulos TES y títulos de deuda.
Por su parte, la Superfinanciera indicó que las investigaciones anunciadas permitirán tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero colombiano.
Dussán aseguró además que Colpensiones continuará pagando las mesadas de las personas que ya tienen reconocimiento pensional.
“Le damos tranquilidad a los colombianos y colombianas. Las 24 mil personas y más que están pensionadas y las que llegarán antes de finalizar junio a 32 mil, les vamos a pagar su mesada como lo estamos haciendo en este momento”, afirmó.
El caso mantiene abierta la discusión sobre el alcance de las decisiones judiciales, la obligación de traslado de recursos desde las AFP y la forma en que debe implementarse la reforma pensional sin afectar los derechos de los afiliados ni la estabilidad del sistema.
