La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, denunció la existencia de 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación de Educación Superior San José, institución que se encuentra bajo escrutinio público desde que la congresista reveló que allí se habrían expedido títulos de manera irregular, incluido el caso de Juliana Guerrero, exaspirante al Viceministerio de las Juventudes.
Según explicó Pedraza, los hallazgos son el resultado de varios meses de investigación, durante los cuales su equipo analizó los reportes académicos de 1.276 servidores públicos que registran estudios en la Fundación San José en sus hojas de vida ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), y que actualmente ocupan cargos en entidades del orden nacional, departamental y municipal.
Del total analizado, 779 casos presentan inconsistencias académicas graves atribuibles a la institución. Entre los principales hallazgos se encuentran 221 personas que no tienen ningún registro en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), pese a que reportan títulos otorgados por la Fundación en sus hojas de vida. Esto implica que no existe constancia oficial de su inscripción, matrícula, avance académico o graduación.
Adicionalmente, se identificaron 558 servidores públicos con registros incompletos en el SNIES. De estos, 201 aparecen únicamente como inscritos o admitidos, sin evidencia de matrícula o graduación, mientras que 357 figuran con estado “matriculado – no graduado”, a pesar de que en otras bases oficiales constan títulos presuntamente expedidos por la institución.
La congresista también reveló 35 nuevos casos de títulos ilegales, al no cumplir con el requisito legal de haber presentado las pruebas Saber Pro o Saber TyT. De estos, 18 personas se graduaron sin haber presentado el examen, nueve se inscribieron pero no asistieron, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación.
Pedraza advirtió que estas irregularidades coinciden con lo ocurrido en el caso de Juliana Guerrero, lo que, a su juicio, demuestra que no se trataría de hechos aislados sino de una práctica sistemática. “La ley establece que primero se presentan las pruebas y luego se otorga el título. Aquí encontramos que en muchos casos ocurrió exactamente al revés”, afirmó.
Otro de los datos revelados por la congresista es el aumento en la contratación de egresados de la Fundación San José durante el Gobierno Petro. Según la investigación, 733 servidores públicos con estudios relacionados con esta institución se han vinculado en esta administración, lo que representa un incremento superior al 200 % frente a gobiernos anteriores.
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Ante estos hallazgos, Pedraza solicitó la intervención inmediata de la Fundación San José y pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una indagación disciplinaria contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, así como contra funcionarios de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio.
La representante cuestionó la inacción del Ministerio de Educación, al señalar que desde marzo de 2025 se conocían denuncias sin que se adoptaran medidas de fondo. Finalmente, advirtió que estos casos podrían ser solo una muestra del problema, pues la investigación no incluyó a funcionarios de las ramas Legislativa y Judicial ni a egresados vinculados al sector privado.
