Este viernes, un juez de control de garantías decidió dejar en libertad a los militares imputados por la muerte de Dimar Torres, excombatiente de las FARC y desmovilizado tras el Acuerdo de Paz, asesinado en abril de 2019 en el municipio de Convención, Santander.
El juez penal municipal de control de garantías de Norte de Santander excarceló a los cinco militares procesados por ese hecho, entre los que se encuentra, el coronel retirado del Ejército, Jorge Armando Pérez Amézquita.
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Según señaló el juez, transcurrieron más de 150 días, desde el inicio del juicio por el crimen del desmovilizado, sin que los imputados conozcan el sentido del fallo, bien sea condenatorio o absolutorio.
No obstante, el juez dictaminó que los sospechosos tendrán que continuar siendo investigados mientras permanecen en libertad. Hasta el momento, no hay condena en firme por este asesinato.
Investigación en curso
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución de inhabilidad de cinco militares por la muerte de Dimar Torres. El desmovilizado fue asesinado en abril del 2019 en la vereda Carrisal del municipio de Convención, Norte de Santander.
En el fallo de segunda instancia, se confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez Amézquita, como determinador, provocador e instigador de la muerte del ciudadano Dimar Torres Arévalo.
La Sala Disciplinaria de la Entidad también ratificó la destitución e inhabilidad por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, al encontrar que fue el autor material del crimen, y por 12 años a los soldados profesionales adscritos a la Compañía Alabarda Cuatro del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 de la Sección Dos, Cristian David Casimilas Pulido, y de la Sección Uno, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, como cómplices de la conducta delictiva.
En la decisión el órgano de control sostuvo que el ciudadano Dimar Torres Arévalo era una persona que, como consecuencia del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC, se había integrado a la vida civil y desarrollaba labores de agricultura en el lugar donde era natural y vivía con su familia y, por lo tanto, “ostentaba la calidad de civil y de persona protegida por los tratados y convenios internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario”.
A juicio del ente de control los disciplinados “no cumplieron su deber funcional de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, especialmente a Dimar Torres Arévalo. No cumplieron su deber de proporcionar seguridad a la población civil”.
