El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó este martes ante el Congreso de la República la nueva reforma tributaria, con la que el Gobierno espera recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación del 2026. La iniciativa llega en medio de un ambiente político adverso y con cuestionamientos sobre la viabilidad de aprobar nuevos impuestos en pleno año preelectoral.
“Con la radicación, cumplimos con el compromiso de que el proyecto de ley de presupuesto se tramite y se discuta paralelamente con la ley de financiamiento. Esperamos un debate serio y responsable, en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores. Hay que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país”, expresó Ávila tras presentar la propuesta en la Secretaría de la Cámara.
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Cambios en el IVA y combustibles
El texto plantea ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA). Se gravarán las ventas de bienes corporales muebles, las cesiones de derechos sobre activos intangibles relacionados con la propiedad industrial y los juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. Solo con los juegos en línea, el Gobierno calcula un recaudo de 1,6 billones de pesos en 2026.
Otro punto clave está en la estructura de precios de los combustibles líquidos. A partir de 2026, la gasolina y el ACPM tendrán una tarifa inicial del 10 % que subirá progresivamente hasta llegar a la tarifa general en 2027 y 2028, respectivamente. También se gravarán biocombustibles y alcohol carburante desde 2026. Según el Ministerio de Hacienda, estas medidas aportarían 2,6 billones en 2026 y en promedio 7,2 billones anuales desde 2027.
Más impuestos y progresividad
La propuesta también busca fortalecer la progresividad del impuesto de renta, así como aumentar los tributos a los licores y a los denominados impuestos saludables. En 2022 ya se habían gravado las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, que alcanzarán una tarifa del 20 % en 2025.
Además, el Gobierno pretende generar nuevas dinámicas en el impuesto al carbono y al consumo, así como revisar la tributación sobre las ganancias ocasionales. “No es una reforma para un gobierno, sino para garantizar la estabilidad fiscal a mediano plazo”, enfatizó Ávila.
Obstáculos en el Congreso
Sin embargo, el panorama en el legislativo es incierto. El presidente del Senado, Lidio García, aseguró que “no hay ambiente político para una nueva tributaria”, advirtiendo que el costo electoral sería demasiado alto. A su vez, desde la oposición, el representante Christian Garcés del Centro Democrático acusó al Gobierno de pretender imponer una “dictadura fiscal” con presupuestos inflados.
El trasfondo es que, por segundo año consecutivo, el Ejecutivo presenta un presupuesto desfinanciado. En 2025 el faltante fue de 12 billones que terminaron congelados, y ahora la cifra asciende a 26,3 billones, en un presupuesto total de 557 billones.
Riesgo fiscal y presión sobre las cuentas
Expertos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advierten que el ajuste requerido es aún mayor, cercano a 45,4 billones de pesos, para estabilizar las cuentas públicas. El déficit fiscal, que en 2024 se proyectaba en 5,1 % del PIB, ya subió a 7,1 %, y para 2026 se estima en 6,2 %.
“Uno de cada tres pesos que pagan los contribuyentes hoy se destina al servicio de la deuda pública, cuando hace una década era uno de cada ocho”, recordó el Carf, dejando en evidencia la magnitud del desafío.
La discusión, que apenas comienza en el Congreso, pondrá a prueba no solo la capacidad de negociación del Gobierno, sino también la disposición de las bancadas para aprobar una reforma tributaria de este tamaño en la recta final del mandato.
