Víctimas de la toma del Palacio de Justicia en la capital colombiana en 1985 reclamaron al general Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante del Ejército colombiano, que diga la verdad sobre lo ocurrido porque consideran que lo dicho por él ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ha causado "mayor dolor y revictimización".
"Ha sido claro desde la tarde de ayer la manifiesta decisión (de Arias Cabrales) no solo de desconocer la verdad, de negarse a suministrarla, sino que hay un comportamiento declarado y manifiesto de revictimización (...) Y que se adiciona a esa revictimización de negar desde su planteamiento negacionista la existencia de las desapariciones", dijo Jorge Molano, abogado de víctimas, durante la audiencia.
El general Arias Cabrales, quien lideró la operación de retoma del Palacio de Justicia, compareció el martes y el miércoles en una audiencia única de aporte a la verdad ante la JEP sobre lo sucedido en 1985.
El letrado pidió a la JEP que adopte "medidas inmediatas que impidan que la continuación de esta audiencia sea un proceso de mayor dolor y mayor revictimización".
La toma del Palacio, frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá, comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado.
El Ejército retomó a sangre y fuego el edificio, acción que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
La declaración que niega desaparecidos en el Palacio de Justicia
Durante la audiencia, el general Arias Cabrales dijo que el propósito de la operación era "el rescate y la recuperación del Palacio de Justicia".
En ese sentido, dijo que él ha sido víctima de persecución por haber sido incriminado en los casos de desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia y negó haber dado órdenes para que se cometieran esos crímenes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en 2014 responsable al Estado colombiano por "ciertas violaciones de derechos humanos" en la toma del Palacio.
El tribunal, con sede en Costa Rica, encontró que el Estado es el responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés y David Suspes Celis.
Igualmente lo responsabiliza de los casos de Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, "así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial" del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
