La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra dos miembros del Ejército Nacional por supuestas irregularidades en el manejo de información clasificada. El proceso se adelanta bajo lo establecido en la Ley 1862 de 2017, que regula el régimen disciplinario de la Fuerza Pública.
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Militares investigados
Los uniformados vinculados al proceso son el Mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y el Sargento Segundo Cristhian Padilla Villanueva. Ambos deberán responder por la presunta extralimitación de funciones y la posible filtración de información sensible a una persona identificada como “Stefanny”.
Según el reporte entregado al Ministerio Público, esta mujer se presentó como capitán de la Policía Nacional en el área de inteligencia, aunque su verdadera identidad y cargo real aún están por verificarse.
Acceso a información clasificada
La supuesta “Capitán Stefanny” habría recibido acceso a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con el seguimiento a estructuras criminales, entre ellas la organización conocida como “el Tren de Aragua”.
Lo más grave del caso, de acuerdo con la investigación preliminar, es que por instrucciones del Mayor Jiménez Cárdenas se habría ordenado a un oficial entregar a esta mujer el computador de operaciones. Dicho equipo contiene datos de alto nivel de confidencialidad, entre ellos planes diarios de seguridad y rutas de desplazamiento del presidente de la República, su núcleo familiar y la vicepresidenta de la nación.
La entrega de este tipo de información sin autorización compromete directamente la seguridad nacional y expone a las más altas autoridades del país a riesgos adicionales.
Riesgos y alcances del caso
El computador en cuestión no solo consolida información operativa, sino que también articula labores estratégicas de inteligencia. Su acceso indebido podría permitir a terceros conocer movimientos oficiales, operativos en curso y acciones de control sobre organizaciones delictivas.
En ese sentido, la Procuraduría considera que el caso reviste una especial gravedad, pues podría tratarse no solo de un quebrantamiento disciplinario, sino también de un hecho que atente contra la integridad de los funcionarios del Estado y contra el orden público.
Papel de la Procuraduría
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública será la encargada de llevar adelante las diligencias. Esta dependencia buscará establecer si la conducta de los investigados configura una falta disciplinaria, cuáles fueron los motivos determinantes de su actuación y si existe alguna causal de exclusión de responsabilidad que los exima de sanción.
Asimismo, se pretende evaluar el perjuicio causado a la administración pública y, en caso de comprobarse las irregularidades, definir el grado de responsabilidad disciplinaria que corresponde a cada uno de los oficiales.
Próximos pasos
Aunque la apertura de la indagación no implica una sanción automática, sí marca el inicio de un proceso formal que podría derivar en medidas disciplinarias severas. La Procuraduría deberá recolectar testimonios, documentos y pruebas técnicas que permitan confirmar si, en efecto, se vulneraron los protocolos de seguridad militar.
De comprobarse las acusaciones, el caso podría sentar un precedente en materia de control sobre el manejo de información sensible dentro de la Fuerza Pública, especialmente cuando está relacionada con la seguridad presidencial y vicepresidencial.
