Reclutamiento forzado sigue robándose la niñez en Colombia

Mié, 24/06/2020 - 10:43
Menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas están siendo los más afectados con esta práctica violenta según el ICBF.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero y mayo de este año, 44 menores que fueron desvinculados de grupos armados ingresaron a programas de protección del ICBF.

Resulta alarmante que muchos de los menores reclutados pertenecen a comunidades indígenas como los embera dóbidas, embera katíos y embera chamíes, y de la comunidad nonam, en Bojayá e Istmina, Chocó; niños indígenas de Toribío, Cauca; menores embera eyábidas de Murindó, Antioquia; e indígenas wounaan de Santa Rosa de Guayacán, en Buenaventura, Valle del Cauca.

Con el objetivo de combatir el reclutamiento forzado de menores en el país, el ICBF viene reforzando desde febrero la estrategia 'Entornos Protectores' en 104 municipios de 21 departamentos donde se registran factores de violencia generalizada, minería ilegal, cultivos ilícitos, rutas y corredores de tráfico ilegal como el narcotráfico y contrabando.

 

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Según cifras del ICBF las regiones del país con las mayores cifras de reclutamiento son: Antioquia con 802, Caquetá con 488, Meta 467, Cauca 453, Chocó 402, Nariño 388 y Tolima 316.

También hubo reportes de menores llevados por disidencias de las Farc en Norte de Santander, Guaviare, Putumayo, Cauca. En la región del bajo Cauca, los mayores reclutadores fueron el ‘clan del Golfo’ y ‘los Caparros’, que también están reclutando en Chocó y Nariño. En el Catatumbo, la principal amenaza es el Epl.

"La intervención del ICBF en este programa es integral e incluye asegurar las condiciones necesarias para evitar la recaptación; el proceso psicoterapéutico para la superación del trauma; la reconstrucción de la red vincular de apoyo que le permitirá a la niña, niño o adolescente desvinculado tener una reintegración sostenible en un medio ajeno a la guerra; el retorno a la vida escolar, el acceso a los servicios de salud y el trabajo con la comunidad receptora", explica el instituto en un comunicado.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un informe en el que señalan los altos niveles de hostilidad en país. El documento explica que Los varones son usados para actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar. En el caso de los indígenas, los grupos armados ilegales se benefician de su conocimiento del terreno para emplearlos como "anillos de seguridad", lo cual los deja más expuestos a operaciones de la fuerza pública.

Las niñas y adolescentes cumplen roles de reclutadoras de otros menores y son víctimas de explotación y agresión sexual.

El procurador general, Fernando Carrillo, también venía emitiendo alertas obre esta problemática, el pasado nueve de junio envió a la Fiscalía una extensa denuncia pidiendo que se investiguen crueles hechos que afectan a menores en medio de la pandemia.

Dentro del documento, están especificados por el procurador varios grupos al margen de la ley que han perpetrado este delito contra los menores y sus familias. El Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, ‘Los Paisas’, el grupo E-40 y demás Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) son algunos de las organizaciones criminales denunciadas.

La Procuraduría estableció que en el 30% del territorio nacional aumentaron las víctimas, y se registró un incremento del desplazamiento forzado en cerca del 25% de los municipios del país, de manera particular en Putumayo y Sucre, donde la cifra ascendió a un 50%.

En el Congreso se está un proyecto de ley que busca aumentar a entre 13 y 23 años de prisión la pena para quien reclute y utilice niños en la guerra. La iniciativa ya pasó sus dos primeros debates.

El proyecto de ley propuesto por la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo, pretende igualar las penas con las de la trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual. Restrepo explicó que los grupos ilegales se aprovechan de las situaciones difíciles para reclutar a menores, por lo que es necesario “redoblar esfuerzos para contener la pandemia de covid-19 y la pandemia de reclutamiento forzado de niños”.

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