El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, radicó un proyecto de acto legislativo que busca devolver a los militares y policías activos la posibilidad de votar en elecciones populares. La propuesta, que inicia su trámite en el Congreso, pretende que más de 450.000 integrantes de la Fuerza Pública puedan ejercer su derecho ciudadano bajo estrictas garantías de neutralidad institucional.
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Una deuda histórica con la Fuerza Pública
Uscátegui recordó que desde 1930, con la Ley 72, los uniformados perdieron la posibilidad de sufragar en Colombia. Para el congresista, se trata de una exclusión injustificada:
“Si los militares y policías pudieran votar, apenas representarían el 1,14% del censo electoral. Pagan impuestos, son ciudadanos plenos, pero no tienen derecho a expresarse en secreto en las urnas”.
El proyecto plantea que el voto no implicará militancia ni participación política activa, pues se mantendría la prohibición de pertenecer a partidos o realizar manifestaciones políticas públicas.
Reglamentación y plazos de implementación
Según el articulado, en caso de ser aprobado, el Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional dispondrán de un plazo máximo de un año para definir las condiciones logísticas y de seguridad que permitan a la Fuerza Pública votar.
Esto significa que la medida no aplicará en las elecciones de 2026, sino que se proyecta para los siguientes comicios generales, una vez exista reglamentación formal.
“Nos damos un plazo prudencial para que la norma entre en vigencia con reglas claras. El voto de militares y policías sería una realidad en cuatro años”, puntualizó Uscátegui.
Trámite en el Congreso
El proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 219 de la Constitución Política y deberá superar ocho debates en el Congreso para convertirse en ley. Uscátegui confía en que contará con el respaldo suficiente en las comisiones primeras de Senado y Cámara.
El representante aseguró que el objetivo es reconocer la profesionalización y modernización de la Fuerza Pública, lo que, en su criterio, hace viable otorgarles nuevamente un derecho que tienen restringido en muy pocos países del mundo.
Neutralidad y garantías
Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que garantiza la neutralidad institucional. Se establece que los uniformados solo podrán votar en secreto y estarán impedidos para participar en campañas o hacer proselitismo en batallones, estaciones de policía o unidades militares.
El representante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Juan Manuel Cortés, respaldó la iniciativa:
“Lo que buscamos es que voten en silencio, sin campañas ni presiones. Que puedan elegir a quienes los representarán, como cualquier ciudadano, pero manteniendo la imparcialidad de la institución”.
