El presidente Gustavo Petro firmó el pasado 9 de julio la resolución por medio de la cual se deja sin efecto el reconocimiento que se le había otorgado a José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, como negociador de paz. La decisión se tomó luego de que las autoridades judiciales lo señalaran como presunto autor intelectual del atentado perpetrado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en Bogotá. La medida marca un punto de quiebre en los acercamientos exploratorios con la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas FARC que lidera alias ‘Iván Márquez’ y en la que ‘Zarco’ tenía un papel protagónico.
Sierra Sabogal, con más de tres décadas en armas, fue uno de los comandantes históricos del Frente 53 de las FARC y, tras apartarse del proceso de paz de 2016, pasó a integrar la estructura armada de la Segunda Marquetalia, donde fungía como jefe militar y enlace en algunos escenarios de diálogo con el Estado. Sin embargo, informes de inteligencia y material probatorio en poder de la Fiscalía lo ubican como responsable de haber ordenado y coordinado el ataque contra Uribe Turbay desde territorio venezolano, utilizando una red urbana de sicarios para ejecutar la operación sin comprometer directamente a su organización.
El atentado, ejecutado en la localidad de Fontibón durante un evento político, dejó al senador gravemente herido y obligó a su traslado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde permanece bajo estricta vigilancia médica. El caso conmocionó al país y encendió alarmas sobre los riesgos de entablar procesos de paz con estructuras que, mientras participan en mesas de diálogo, mantienen operaciones armadas en las ciudades. La decisión de retirar la vocería de ‘Zarco’ fue respaldada por sectores políticos que consideran inviable continuar negociando con actores que no ofrecen garantías mínimas de cese de hostilidades.
La investigación avanzó con rapidez. Según la Fiscalía, el caso se sostiene sobre evidencia técnica y testimonial que incluye 89 registros de cámaras de seguridad, ocho teléfonos celulares analizados, 29 intercepciones telefónicas y siete allanamientos en distintas zonas del país. Además, cinco personas fueron capturadas, entre ellas alias ‘El Costeño’, presunto coordinador urbano del atentado, y una joven de 19 años identificada como Katherine Martínez, quien fue clave en el apoyo logístico y decidió entregarse por temor a ser asesinada tras cumplir su misión.
Aunque el Gobierno insiste en que mantiene la voluntad de paz, este hecho vuelve a poner en entredicho la confianza en los diálogos con disidencias que no se rigen por estructuras jerárquicas claras ni compromisos verificables. La exclusión de ‘Zarco Aldinever’ se interpreta, por tanto, no solo como una sanción individual, sino como un mensaje político que advierte que la participación en procesos de negociación exige coherencia, compromiso y una ruptura real con la violencia.
