José Ignacio Lacouture Armenta, ex subgerente Nacional de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), fue condenado a 120 meses (10 años) de prisión por la "desaparición” de la ciénaga de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, en San Marcos (Sucre).
Fue el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá quien tomó esta decisión tras acoger la petición y los argumentos presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General.
En la misma decisión fueron condenados cuatro exfuncionarios más de la extinta entidad, ellos son: Juan Heredia Fernández y Alfredo Eugenio Sánchez Jiménez, de la subgerencia de Tierras; el abogado Julio Alberto Acosta Felizola, y el topógrafo José Rodolfo Castro Arias.
Todos fueron hallados responsables en este caso por los delitos de peculado por apropiación y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según la Fiscalía, en el curso de la investigación se demostró que Lacouture Armenta declaró la inexistencia de la ciénaga de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, mediante la expedición de la Resolución 2437 de 2010, con el propósito de favorecer a particulares e "impedir el aprovechamiento comunal de la tierra y de los espejos de agua".
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El ente acusador especificó que el material probatorio recopilado evidenció que el exdirectivo reunió esfuerzos, con varios abogados, para adelantar un proceso administrativo de deslinde que fijó los límites y la titularidad del terreno que, aunque pertenecía a la Nación, pasó a manos de un particular, propietario de un área aledaña.
"Esta actuación irregular generó la desaparición jurídica de la reserva", indicó.
Cabe resaltar que esta decisión es una sentencia condenatoria de primera instancia.
