La Procuraduría General de la Nación dio inicio a la investigación disciplinaria en contra de ocho miembros del Batallón de Infantería de Selva n.° 19 ‘General Joaquín París’, en San José del Guaviare, por la presunta retención ilegal y acceso carnal violento, entre el 8 y 13 de septiembre del año pasado, a una niña de la comunidad indígena Nükak Makú.
De esta manera, se investigarán a los siguientes: el sargento segundo Jhon Alex Trujillo Torres, el cabo tercero Diony Santos León, y los soldados regulares Cristian Albeiro Fernández Montoya, Ómar Duván Martínez Quintero, José Fernando Ramírez Rentería, Andrés Alfonso Ortiz Muñoz, José Luis Mendoza Castañeda y Dariem Leonardo Sánchez Sierra.
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Según la denuncia que se hizo de manera confidencial y luego pasó a medios de comunicación, entre el 8 y 13 de septiembre del 2019, una niña de 15 años, del asentamiento La Esperanza, del resguardo Nükak en la vereda Charras, en San José del Guaviare, fue llevada por un hombre de un establecimiento comercial a una base militar, allí fue encerrada en una habitación, donde fue abusada por él y otra personal hasta que pudo escapar.
A continuación, la Delegada para Defensa de los Derechos Humanos asumió una indagación preliminar que comenzó en octubre en el batallón mencionado, atendiendo lo dispuesto en el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño y la obligación de asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integra, así como el proceso que por los mismos hechos inició la Procuraduría Regional Guaviare.
Lo anterior se decidió debido a que las conductas investigadas corresponden a faltas de gran nivel de gravedad, que violan derechos humanos y el derecho internacional humanitario, relacionados con secuestro y la violación sexual.
El Ministerio Público informó que los padres pueden intervenir en el proceso judicial si así lo desean.
Para establecer las pruebas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional Guaviare cuenta copia de las labores preventivas y/o procesos administrativos de restablecimiento de derechos adelantados con ocasión de los actos contra la libertad, integridad y formación sexual de los que pudo haber sido víctima la menor indígena, así como copia del proceso que por estos hechos.
En estos momentos la Procuraduría busca más información sobre cómo los victimarios actuaron, cuándo ocurrió, el contexto, el lugar y la responsabilidad disciplinaria de dichos uniformados, que serán investigados y pueden solicitar ser escuchados en versión libres.
