KienyKe.com tuvo acceso al documento en el que tres firmas de abogados le solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares urgentes en favor de cuatro personas privadas de la libertad que fueron excluidas del decreto por el cual se autoriza la detención y prisión domiciliaria para evitar los efectos del Covid-19 en las diferentes cárceles del país.
Los defensores indican que, aunque estos ciudadanos fueron condenados por delitos comunes y hacen parte de la población vulnerable, quedaron por fuera del ámbito de protección del decreto por el hecho de encontrarse dentro del listado de exclusiones que establece el Artículo 6.
Situación carcelaria
Los abogados exponen en el documento algunas de las situaciones más complejas que viven en la actualidad los establecimientos penitenciarios. Por ejemplo: el índice de hacinamiento superior al 50%, precarias condiciones de salud y poca atención médica que “con frecuencia impiden responder a las necesidades básicas de salud de los internos”.
Hacen un recuento desde el día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus como una pandemia, cuando se registró el primer caso en Colombia y se confirmó la primera persona positiva con Covid-19 dentro de un centro penal.
Mencionan la serie de manifestaciones, motines y protestas que se han registrado en las prisiones por cuenta del “retraso para poner en marcha medidas eficientes”, así como las denuncias hechas por los mismos funcionarios penitenciarios que han reclamado por elementos de bioseguridad “que les permitan realizar sus labores sin poner en riesgo sus vidas o las de los reclusos”.
Además, cuestionan que, a pesar de la crítica situación, solo hasta el 14 de abril se expidió el decreto para hacerle frente al coronavirus en las cárceles, y resaltan que este trae una larga lista de exclusiones para acceder a los beneficios, lo que, a su juicio, “no mitiga en lo más mínimo el peligro que corre la población carcelaria frente a esta enfermedad”.
“Con este decreto saldrían en el mejor de los casos unas 4000 personas. Esto es, aproximadamente un 3 % de la población carcelaria, cifra bastante desalentadora si se tiene en cuenta que el hacinamiento que actualmente tiene el sistema carcelario en Colombia es de prácticamente 54%, por lo que él mismo aun continuaría en aproximadamente 50%”.
El objetivo: evitar una tragedia
Las firmas Víctor Mosquera Marín Abogados, D&D Group y Alumbra Asesores consideran que existe un riesgo y amenaza inminente sobre el derecho a la vida de estas cuatro personas (tres hombres y una mujer) y en general la de toda la población carcelaria en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.
Por esta razón, piden a la CIDH adoptar medidas necesarias como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada, con el fin de preservar la salud e integridad de los internos más vulnerables, “evitando así sufrimientos innecesarios y evitar un daño irreparable”.
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También solicitan poner en marcha protocolos para descongestionar las unidades penitenciarias y las comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad.
Además, dicen que es necesario adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la cárcel, “dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio”.
