Diez años habían pasado desde la caída de Pablo Escobar, que hasta 1993 era el hombre que estaba detrás de casi todos los atentados que se registraban en el país, principalmente en Bogotá y Medellín, cuyas poblaciones pagaron los platos rotos de la guerra entre el Cartel de Medellín (máxima organización del narcotráfico en el siglo XX) y el Estado colombiano, que hasta hace muy poco comenzó a hablar de legalización y regulación como alternativa a la guerra contra las drogas promovida por Nixon y atizada por Bush.
No es que entre 1993 y 2003 la violencia haya menguado en Colombia. Desde 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la Violencia se había tomado el país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) habían asumido el protagonismo del conflicto armado interno cuyas mutaciones se extienden hasta nuestros días, inmunes hasta ahora a la ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro.
Fueron 36 personas las que murieron en el ataque al Club El Nogal, perpetrado el 7 de febrero de 2003 por las Farc-EP. Para la explosión fueron necesarios 200 kilos de C-4 y amonio, todo en el parqueadero del recinto de negocios y convenciones, frecuentado principalmente por miembros de la oligarquía nacional.
Años después, investigaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) revelaron que el atentado tenía como fundamento una serie de represalias contra estructuras paramilitares que, en contubernio con el Estado, estarían ordenando ataques sistemáticos contra militantes de izquierda en el país.
No fue hasta el 19 de junio de 2004 que la Fiscalía General de la Nación sindicó públicamente al Secretariado General de las Farc EP de haber perpetrado el atentado al Club El Nogal. Luis Camilo Osorio, fiscal general en ese entonces, fue más específico al decir que Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, había recibido instrucciones del Secretariado para llevar a cabo todo el ataque.
Las versiones de las autoridades de entonces fueron aceptadas una vez se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016, cuando los líderes políticos de las extintas Farc reconocieron ante el Estado y la sociedad colombiana su responsabilidad ante el atentado que, por otra parte, dejó 200 heridos.
A las 8:15 de la noche explotó una camioneta repleta de explosivos muy cerca de una de las columnas más vulnerables de la torre, pues esa pieza de ingeniería soportaba toda la estructura sobre la que, entre cocteles y whiskys, negociaban los políticos y los empresarios los designios de Colombia. Pero también allí trabajaban mujeres de servicios generales, guardas de seguridad, escoltas, personal de mantenimiento y hasta menores de edad que, sin pedirlo, habían llegado a un país colapsado por la violencia, que llevaba apenas un año bajo la batuta de Álvaro Uribe Vélez.
Hoy el país recuerda con pudor aquel macabro hecho que se suma al largo historial de la infamia que actores armados esparcieron por todo el país, no dejando por fuera, ni siquiera, a uno de los sectores más lujosos de Bogotá.
