Este jueves 21 de agosto será presentado el libro “Los Años Sesenta, una revolución en la cultura” del historiador y abogado antioqueño Álvaro Tirado Mejía, editado por el Grupo Editorial Penguin Random House.
Se trata de un recorrido pausado, detallado, por todos aquellos acontecimientos y situaciones que marcaron definitivamente la historia del país, en concierto con los grandes cambios que se producían a nivel global:
Los medios de comunicación, la Alianza para el Progreso, la Cuba castrista, el Concilio Vaticano, los curas revolucionarios, el hippismo, el nadaísmo, el arte moderno, el teatro universitario, el Frente Nacional, la rebeldía universitaria…
En abril de 1960 salió al mercado la píldora anticonceptiva y con ella se inició la revolución de la natalidad que, como era de esperarse, causó en Colombia un fuerte enfrentamiento entre la iglesia católica y el gobierno laico. “Control de la Natalidad” es el 7° capítulo de la obra de Tirado Mejía, que reproducimos a continuación:
Colombia tenía una de las mayores tasas mundiales de crecimiento de la población, 3,2% anual, y padecía una fuerte migración del campo a la ciudad, agravada por la Violencia de los años cincuenta. Varios demógrafos, sociólogos y economistas, como Lauchlin Currie, venían llamando la atención sobre el problema y sobre los efectos que este podría tener sobre la salud, el alojamiento, la educación, el bienestar y el crecimiento económico. (“Mi argumento consiste en que la crisis ya se ha precipitado, aquí y ahora, sobre nosotros; que ya es tarde y que el principal obstáculo al desarrollo, con todo cuanto esto implica, se puede hallar en la tasa excesiva de crecimiento de la población...”, escribió Currie en un artículo del “Magazín Dominical”. El Espectador. Junio de 1967.)
A su vez, Alberto Lleras Camargo, que posiblemente era la persona que contaba con el mayor prestigio político en el país, lideró la campaña de opinión a favor de las políticas de planificación y control demográfico.
A partir de los años cincuenta se inició en Colombia, como en muchos de los países de la región, un proceso de cambio en la orientación de la educación universitaria dirigido hacia el modelo norteamericano, que en el campo de la medicina se dio en detrimento de la enseñanza de la medicina francesa. En 1953 llegó a Colombia, procedente de los Estados Unidos, una misión para estudiar los pensums de las facultades de medicina. La Misión, entre otras recomendaciones, propuso la creación de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), cuyos estatutos fueron aprobados, en diciembre de 1958, en la X Reunión de Decanos de Medicina celebrada en Cartagena. Esta sería la primera institución en promover la planificación familiar en Colombia.
En 1964, Ascofame aprobó la creación de la División de Estudios de Población (DEP) para investigación en demografía, epidemiología del aborto, planificación familiar y educación sexual, con apoyo de la Fundación Ford. Al mismo tiempo fue creada en el país la Asociación Colombiana para el Estudio Científico de la Población (ACEP), de carácter privado.
Al año siguiente, en agosto de 1965, se reunió en Cali la Asamblea Panamericana de Población, convocada por la Universidad de Columbia y el Population Council, ambas con sede en Nueva York. El certamen fue presidido por el expresidente Alberto Lleras Camargo, quien, en su discurso inaugural, expresó: “... para quienes no queremos que la humanidad de nuestra patria se ahogue en este abismo por indiferencia y por imprevisión, la solución humana, la solución cristiana, la solución económica, la solución política, es el control de la natalidad y cuanto antes mejor”. (El Tiempo. Bogotá. 12 de agosto de 1965. Citado por Gonzalo Echeverry. Contra viento y marea; 25 años de planificación familiar en Colombia (Bogotá: Profamilia-ACEP, 1991), 31.)
Alberto Lleras fue uno de los más decididos promotores de los programas de reducción de la natalidad y para ello adelantó una permanente campaña que lo condujo a pronunciar un discurso a favor de la ayuda para los planes de control natal durante una audiencia del Senado de los Estados Unidos, el 9 de junio de 1965. Ya en la Revista Visión, de la cual era director, había escrito, en mayo del 64, en la presentación de un número especial dedicado a los problemas de población en América Latina: “Si América Latina no alcanza un desarrollo económico fabuloso, del que hasta ahora no hay indicios, el crecimiento de la población la convertirá inexorablemente en una de las indigentes regiones de la tierra... La población, o mejor el exceso de población, está convirtiéndose en un tabú de nuestra vida social latinoamericana”. (Citado en: Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. De la restauración de los estudios de medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1965-1969 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009), 216.)
En las postrimerías del gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) se empezó a tramitar un convenio entre la AID y el Ministerio de Salud, sobre las políticas de población, el cual se firmó en los primeros días del gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966- 1970) (En el mes de febrero de 1966, el presidente Valencia se había expresado en estos términos: “El mayor problema de Colombia hasta hace poco era la violencia, pero ahora el más difícil es el provocado por el crecimiento excesivo de la población...La explosión demográfica ha sobrepasado todas las predicciones y nos pone en la ne- cesidad de enfrentarla en todas sus modalidades”. Gonzalo Echeverry. Op. cit., 36.)
El 10 de diciembre de 1966, día en el que se celebran los derechos humanos, Carlos Lleras Restrepo fue el único presidente latinoamericano que firmó la Declaración de Naciones Unidas sobre Población. (William Paul McGreevey. “Population policy under the National Front”. En: R. Al- bert Berry, Ronald G. Hellman and Mauricio Solaún. Editors. Politics of compromise; Coalition Government in Colombia (New Brunswick, New Jersey: Transaction Books, 1980). Pp. 413-432: 418.)
Ese mismo año su gobierno lanzó una campaña para el control de la natalidad y su ministro de Salud, Antonio Ordóñez Plaja, firmó un contrato con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) para adelantar un programa de educación, entrenamiento e investigación, que incluía como importante componente la planificación familiar. La Ascofame fue un soporte sustancial de dicha política, especialmente en universidades como la del Valle203. (Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. Op. cit., 216.)
Pero antes de esa fecha ya existía toda una red de institutos de planificación familiar apoyados por el gobierno. Los presidentes Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo tomaron posición activa en favor de los programas de planificación familiar que, además, eran propuestos por la Alianza para el Progreso y estaban financiados por la AID.
La asistencia de la AID, en gran parte a través de intermediarios como la Universidad de Carolina del Norte y el Consejo de Población, equivalió a una cuarta parte de lo destinado para estos programas en Latinoamérica por esa Agencia. (William Paul McGreevey. Op. cit., 421.)
Aunque no con la misma visibilidad, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) se continuaron los programas y esta política fue incorporada en el Plan de las Cuatro Estrategias, elaborado por Roberto Arenas Bonilla, director de Planeación Nacional.
Desde el sector privado y con la connivencia oficial se abrió otro frente dirigido a la planificación familiar. El médico Fernando Tamayo, quien ya venía aplicando dispositivos intrauterinos en su consultorio en Bogotá, decidió, en septiembre de 1965, dedicar un día a la semana a su implantación en mujeres pobres y así “... nacía el que llegó a ser el más grande y completo programa privado de planificación familiar entre los afiliados a la Federación Internacional de Planificación Familiar en el tercer mundo.” (Gonzalo Echeverry. Op. cit., 40)
De allí surgió en 1966 la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, que en el año 1968 pasaría a llamarse simplemente Profamilia, nombre que hoy conocen todos los colombianos. En 1966, esta institución atendió 6.689 casos de planificación familiar y para 1967 estos ascendieron a 22.405. Existían entonces dos programas de planificación familiar: uno a través de los servicios del Ministerio de Salud y otro del sector privado a través de Profamilia. (“Colombia es el único país en Suramérica en comprometerse explícitamente en disminuir la tasa de crecimiento de la población. En contraste, Brasil permanece pro natalista, tal vez por las ambiciones hegemónicas de los gobiernos militares. Argentina recientemente expresó su deseo de un más rápido crecimiento de la población por vía de una mayor rata de nacimientos e inmigración. Los anticonceptivos orales en Argentina solo pueden adquirirse sobre la base de prescripción médica firmada por tres galenos”. En: William Paul McGreevey. Op. cit., 418.)
En 1970 había 120.000 nuevos aceptantes de las campañas antinatalistas y según estadísticas de Ascofame, 41.780 fueron tratados en clínicas oficiales, 22.320 en programas asociados con Ascofame y 49.000 en clínicas privadas. (Luis Rueda y Carlos Corsi. Colonialismo demográfico; controversia sobre el control oficial de los nacimientos (Bogotá: Ediciones Paulinas, 1972), 65.)
En 1973 el número de mujeres que acudieron a este servicio ya era de 164.000, y cerca de la mitad de las mujeres casadas, en Bogotá, “... practicaban algún tipo de contracepción.” (William Paul McGreevey. Op. cit., 420. 209 Gonzalo Echeverry. Op. cit., 42.)
La firma del convenio entre el gobierno y la AID y un contrato entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Estudios de Población en 1967, pero sobre todo la fuerza que estaban tomando los programas de planificación familiar concitaron la embestida de los variados sectores que se oponían a estos programas, los cuales fueron motejados de genocidas, y sus promotores fueron zaheridos como vendidos, apátridas, agentes del imperialismo, funcionarios mercenarios, lacayos, etc. En Colombia, donde el debate fue especialmente álgido, “[había] tres enemigos declarados de la planificación familiar: la Iglesia, los movimientos políticos extremos de derecha o izquierda, y el mismo cuerpo médico”, al decir del Dr. Gonzalo Echeverry, exdirector de Profamilia. (Gonzalo Echeverry. Op. cit., 42).
El debate
La ofensiva de más peso vino de la Iglesia católica, dado el poder hegemónico de que disponía en esa época, y fue al gobierno de Carlos Lleras, quien con Alberto Lleras fue uno de los soportes de los programas de planificación, al que le tocó capear la tempestad.
Ya en 1931, época del ascenso del fascismo, del nacionalsocialismo y de las teorías racistas y eugenésicas, el papa Pío XI promulgó la encíclica Casti connubi, en la que se condenaban el control de la natalidad y la esterilización forzada practicada por esos regímenes.
En los años sesenta coincidieron la promoción internacional de las políticas de control natal y las sesiones del Concilio Vaticano II, alrededor del cual se daba una amplia discusión sobre los problemas del mundo moderno o contemporáneo. En este ambiente, en 1967, el papa Pablo VI promulgó la encíclica Populorum progressio, en la que se contemplaba el derecho de los gobiernos a dar información sobre planificación familiar y la adopción de medidas adecuadas conforme a la moral.
Con posterioridad, una comisión papal sobre la familia aprobó por mayoría la licitud de la planificación familiar y rindió su informe al papa, en abril de 1968. (“Este informe consta de tres documentos redactados por los dieciocho expertos que asesoraron a la Comisión de Prelados en las reuniones finales celebradas en el Colegio Español de Roma en abril de 1966. El llamado Informe de la Mayoría fue firmado por catorce expertos. En él se proponía un cambio de la doctrina tradicional o, mejor dicho, un nuevo enfoque de esta cuestión. Se condenaba abiertamente el aborto y la esterilización pero adoptando una postura abierta en cuanto a los medios para regular la concepción que quedarían a la conciencia de los cónyuges...El informe de la minoría iba firmado –según se dice– por los teólogos padres Visser, Zalba, Ford y Lestapis. Se pedía en él, el mantenimiento de la doctrina tradicional establecida hace siglos por el magisterio eclesiástico”. J. López Navarro. Op. cit., 369.)
Sin embargo, apartándose de las recomendaciones de esta comisión, el 25 de julio de 1968, “justamente una semana antes de que S.S. Pablo VI emprendiera su histórico viaje a Colombia, el primero hecho a la América del Sur por un pontífice”, fue dada a conocer en Roma la encíclica Humanae vitae. (211 “Control de la natalidad”. En: revista Cromos. N.° 2839. Bogotá. Junio 19 de 1972. Pp. 80-83: 82.)
Ante la inminente llegada del papa a Bogotá, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Germán Zea Hernández, tuvo que renunciar debido a unas declaraciones que dio comentando desfavorablemente aspectos de la encíclica Humanae vitae. En ella se condenaba el uso de anticonceptivos y se atribuía la condición de pecadores para quienes los usaran, promovieran o suministraran. Este pronunciamiento fue tomado al pie de la letra por la jerarquía colombiana la cual, por otra parte, era poco inclinada a aceptar los aspectos progresistas del Concilio. No sucedió así con muchos sacerdotes y con amplios sectores de la población católica, que en la esfera personal de su práctica religiosa han acudido a la fórmula de las autoridades durante la Colonia española: “Se obedece pero no se cumple”.
Pero desde antes de la promulgación de la encíclica, el episcopado colombiano había tomado una decidida posición. El arzobispo de Medellín lanzó una pastoral contra los programas de planificación familiar. En la misma ciudad, en 1967, los gobiernos departamental y municipal, de acuerdo con el arzobispo, suprimieron los programas de planificación familiar de los centros de salud, y solo quedó el programa manejado por Ascofame, en el Hospital Universitario.
El hostigamiento continuó “hasta que la posición del médico director de los programas de Medellín se hizo insostenible y el Departamento de Estudios de Población tuvo que retirarlo del área y traerlo a sus oficinas centrales de Bogotá” (Gonzalo Echeverry. Op. cit., 68.)
En julio de 1967, la XXIII Conferencia Episcopal de Colombia, con participación de 55 obispos, conminó al gobierno para que “se mantuviera dentro de los límites de su jurisdicción”, en lo referente a control de la natalidad. En cuanto a Profamilia, esta fue objeto de pronunciamientos en la “Declaración del Episcopado, 7 de julio de 1967, n.° 22. Declaración del Episcopado, 24 de abril de 1968, n.o 7. Declaración del Comité Permanente del Episcopado, 18 de septiembre de 1969, n.o 8; Instrucción Pastoral del Administrador Apostólico de Bogotá, 10 de junio de 1970, números 4, 13, 14”. (“Respuesta del Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Bogotá y Presiden- te de la Conferencia Episcopal Colombiana, Excelentísimo Señor Aníbal Muñoz Duque”. Mayo 8 de 1971. En: Luis Rueda y Carlos Corsi. Op. cit., 21.)
En el Congreso de la República se suscitaron debates en contra del gobierno por su posición frente al problema demográfico por parte de los congresistas conservadores Manuel Bayona Carrascal, luego ideólogo de la Anapo, y Diego Tovar Concha, sobrino del cardenal Luis Concha Córdoba.
Y en la prensa, en la radio y en la televisión, los llamados laicos, en nombre de la Iglesia, promovieron una estruendosa campaña contra los programas de planificación familiar que, con las respuestas que motivaron, dieron lugar a una de las polémicas más amplias producidas en Colombia en el período, a través de foros, la prensa, las revistas y los medios de comunicación.
En general, los periódicos liberales, especialmente El Espectador, así como El Tiempo y las publicaciones regionales de esta filiación apoyaron las posiciones gubernamentales y la utilización de los medios anticonceptivos. En la prensa conservadora, que sostenía las tesis de la Iglesia, El Siglo fue el más agresivo opositor. En el campo de las revistas, mientras Cromos tomaba partido informativo a favor, la Revista Javeriana, de los jesuitas, y la revista Arco, ligada a los sectores del Opus Dei, permanentemente dedicaban artículos en sentido contrario. Solamente en los periódicos El Catolicismo, El Espectador y El Tiempo, sumaron más de ciento cincuenta artículos por la polémica suscitada (Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. Op. cit., 207.)
Y en la centenaria Universidad del Rosario, la presentación de una obra crítica de teatro sobre la Humana vitae produjo la expulsión de los estudiantes participantes, lo que a su vez generó la renuncia del decano de Medicina en protesta por la medida y una huelga que se prolongó. (Sobre las controversias acerca de las políticas de control natal y del conflicto en la Universidad del Rosario, es muy ilustrativo el trabajo citado de Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. Ibíd., 207 y ss.)
Ante los ataques de la Iglesia, el gobierno de Carlos Lleras acudió a una táctica que llamaríamos de bajo perfil: no responder, no confrontar, dejar hacer, no prohibir, permitir y, especialmente, dejar el espacio al sector privado para que continuara desarrollando sus campañas.
Capítulo VII
Control de la natalidad
En el siglo XVIII el filósofo y clérigo anglicano Thomas Malthus (1766-1834) lanzó sus célebres tesis acerca del crecimiento de la población y de la necesidad de reducirlo, pues según él, mientras la producción de alimentos crecía en progresión aritmética la población lo hacía en progresión geométrica. Sus planteamientos fueron objeto de múltiples debates pero no pasaron del campo académico. Solamente en los años sesenta del siglo XX se pusieron en práctica políticas masivas tendientes al control de la natalidad, concomitantes con nuevas situaciones sociales y con la aparición de métodos anticonceptivos descubiertos en ese entonces, de una eficacia nunca antes conocida. El movimiento de descolonización que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial corrió el velo que ocultaba la visión colonialista y mostró en toda su realidad la miseria padecida en los países que entonces se denominaron “tercer mundo”. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo desarrollado se percató con temor de la explosión demográfica en los países del llamado tercer mundo, de su peso demográfico que cambió el balance de la población mundial frente a los países desarrollados, lo cual, según el historiador Eric Hobsbawm, “es probablemente el cambio más fundamental en el Siglo Veinte” (Eric Hobsbawm. The Age of Extremes. A History of the World, 1914-1991 (New York: Vintage Books, Random House, 1996), 345.) En busca de salidas para esta situación, al lado de otras respuestas, se propuso el control de la natalidad como una alternativa para superar o al menos mitigar el problema. Hacia 1960 estuvieron disponibles en casi todo el mundo los dos más eficaces anticonceptivos conocidos: la píldora anovulatoria y el dispositivo intrauterino, conocido popularmente en Colombia como el “churrusco”. En la esfera internacional, importantes organizaciones y agencias internacionales se dieron a la tarea de promover y patrocinar las políticas de control de la natalidad o de planificación familiar, como también se denominaron. En 1965, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concedió a la Federación Internacional de Planificación Familiar (International Planned Parenthood Federation, IPPF) el estatus de asesora de su Consejo Económico y Social (Ecosoc, por su sigla en inglés). Ese mismo año la ONU realizó la Conferencia Mundial de Población, en Belgrado, Yugoslavia. En el mes de abril de 1967 se celebró en Santiago de Chile el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Planificación Familiar, al que asistieron más de mil delegados, con el objeto de discutir sobre los diferentes métodos anticonceptivos, en el que se repartió “gratuitamente un modelo de dispositivo anticonceptivo”. (J. López Navarro. “El control de la natalidad y la píldora; breve historia del año 1967”. En: Revista Arco. N.° 91. Bogotá. Mayo de 1968. Pp. 358-376: 361.) Por su parte, el Banco Mundial prohijó alrededor del mundo programas de planificación familiar. A las campañas de control de la natalidad se vincularon activamente y con amplias donaciones fundaciones internacionales ubicadas en los países desarrollados y en los Estados Unidos, muy especialmente las fundaciones Ford y Rockefeller. Después de un viaje a Japón, John D. Rockefeller III, nieto del fundador de la Standard Oil, llegó preocupado por los problemas de población en ese país con “hormigueantes masas humanas”. En 1952 creó el Population Council (Consejo de Población), del cual fue presidente. Por lo demás, el gobierno de los Estados Unidos convirtió en políticas de Estado estas campañas en el exterior, financiándolas e incluso ligando su ayuda externa a su realización. Una entidad del gobierno norteamericano, la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), estableció que cada una de sus misiones en América Latina tuviera oficina de población. La masiva puesta en práctica de las políticas de control natal produjo una tremenda controversia de orden mundial en la que se mezclaron argumentos científicos (sobre su efectividad), de salud (si eran nocivos), morales y religiosos (si atentaba contra las leyes de Dios y los mandatos de las iglesias, especialmente la católica, y políticos (que era un arma del imperialismo). Por ejemplo, durante la Conferencia Mundial de Población, patrocinada por la ONU en 1965, los países del régimen comunista de Europa Central, que practicaban políticas ampliamente permisivas del aborto, acudieron al argumento antiimperialista y adujeron que el desarrollo y la educación resolverían el problema demográfico. Las respuestas al problema colombiano
Colombia tenía una de las mayores tasas mundiales de crecimiento de la población, 3,2% anual, y padecía una fuerte migración del campo a la ciudad, agravada por la Violencia de los años cincuenta. Varios demógrafos, sociólogos y economistas, como Lauchlin Currie, venían llamando la atención sobre el problema y sobre los efectos que este podría tener sobre la salud, el alojamiento, la educación, el bienestar y el crecimiento económico. (“Mi argumento consiste en que la crisis ya se ha precipitado, aquí y ahora, sobre nosotros; que ya es tarde y que el principal obstáculo al desarrollo, con todo cuanto esto implica, se puede hallar en la tasa excesiva de crecimiento de la población...”, escribió Currie en un artículo del “Magazín Dominical”. El Espectador. Junio de 1967.)
A su vez, Alberto Lleras Camargo, que posiblemente era la persona que contaba con el mayor prestigio político en el país, lideró la campaña de opinión a favor de las políticas de planificación y control demográfico.
A partir de los años cincuenta se inició en Colombia, como en muchos de los países de la región, un proceso de cambio en la orientación de la educación universitaria dirigido hacia el modelo norteamericano, que en el campo de la medicina se dio en detrimento de la enseñanza de la medicina francesa. En 1953 llegó a Colombia, procedente de los Estados Unidos, una misión para estudiar los pensums de las facultades de medicina. La Misión, entre otras recomendaciones, propuso la creación de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), cuyos estatutos fueron aprobados, en diciembre de 1958, en la X Reunión de Decanos de Medicina celebrada en Cartagena. Esta sería la primera institución en promover la planificación familiar en Colombia.
En 1964, Ascofame aprobó la creación de la División de Estudios de Población (DEP) para investigación en demografía, epidemiología del aborto, planificación familiar y educación sexual, con apoyo de la Fundación Ford. Al mismo tiempo fue creada en el país la Asociación Colombiana para el Estudio Científico de la Población (ACEP), de carácter privado.
Al año siguiente, en agosto de 1965, se reunió en Cali la Asamblea Panamericana de Población, convocada por la Universidad de Columbia y el Population Council, ambas con sede en Nueva York. El certamen fue presidido por el expresidente Alberto Lleras Camargo, quien, en su discurso inaugural, expresó: “... para quienes no queremos que la humanidad de nuestra patria se ahogue en este abismo por indiferencia y por imprevisión, la solución humana, la solución cristiana, la solución económica, la solución política, es el control de la natalidad y cuanto antes mejor”. (El Tiempo. Bogotá. 12 de agosto de 1965. Citado por Gonzalo Echeverry. Contra viento y marea; 25 años de planificación familiar en Colombia (Bogotá: Profamilia-ACEP, 1991), 31.)
Alberto Lleras fue uno de los más decididos promotores de los programas de reducción de la natalidad y para ello adelantó una permanente campaña que lo condujo a pronunciar un discurso a favor de la ayuda para los planes de control natal durante una audiencia del Senado de los Estados Unidos, el 9 de junio de 1965. Ya en la Revista Visión, de la cual era director, había escrito, en mayo del 64, en la presentación de un número especial dedicado a los problemas de población en América Latina: “Si América Latina no alcanza un desarrollo económico fabuloso, del que hasta ahora no hay indicios, el crecimiento de la población la convertirá inexorablemente en una de las indigentes regiones de la tierra... La población, o mejor el exceso de población, está convirtiéndose en un tabú de nuestra vida social latinoamericana”. (Citado en: Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. De la restauración de los estudios de medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1965-1969 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009), 216.)
En las postrimerías del gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) se empezó a tramitar un convenio entre la AID y el Ministerio de Salud, sobre las políticas de población, el cual se firmó en los primeros días del gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966- 1970) (En el mes de febrero de 1966, el presidente Valencia se había expresado en estos términos: “El mayor problema de Colombia hasta hace poco era la violencia, pero ahora el más difícil es el provocado por el crecimiento excesivo de la población...La explosión demográfica ha sobrepasado todas las predicciones y nos pone en la ne- cesidad de enfrentarla en todas sus modalidades”. Gonzalo Echeverry. Op. cit., 36.)
El 10 de diciembre de 1966, día en el que se celebran los derechos humanos, Carlos Lleras Restrepo fue el único presidente latinoamericano que firmó la Declaración de Naciones Unidas sobre Población. (William Paul McGreevey. “Population policy under the National Front”. En: R. Al- bert Berry, Ronald G. Hellman and Mauricio Solaún. Editors. Politics of compromise; Coalition Government in Colombia (New Brunswick, New Jersey: Transaction Books, 1980). Pp. 413-432: 418.)
Ese mismo año su gobierno lanzó una campaña para el control de la natalidad y su ministro de Salud, Antonio Ordóñez Plaja, firmó un contrato con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) para adelantar un programa de educación, entrenamiento e investigación, que incluía como importante componente la planificación familiar. La Ascofame fue un soporte sustancial de dicha política, especialmente en universidades como la del Valle203. (Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. Op. cit., 216.)
Pero antes de esa fecha ya existía toda una red de institutos de planificación familiar apoyados por el gobierno. Los presidentes Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo tomaron posición activa en favor de los programas de planificación familiar que, además, eran propuestos por la Alianza para el Progreso y estaban financiados por la AID.
La asistencia de la AID, en gran parte a través de intermediarios como la Universidad de Carolina del Norte y el Consejo de Población, equivalió a una cuarta parte de lo destinado para estos programas en Latinoamérica por esa Agencia. (William Paul McGreevey. Op. cit., 421.)
Aunque no con la misma visibilidad, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) se continuaron los programas y esta política fue incorporada en el Plan de las Cuatro Estrategias, elaborado por Roberto Arenas Bonilla, director de Planeación Nacional.
Desde el sector privado y con la connivencia oficial se abrió otro frente dirigido a la planificación familiar. El médico Fernando Tamayo, quien ya venía aplicando dispositivos intrauterinos en su consultorio en Bogotá, decidió, en septiembre de 1965, dedicar un día a la semana a su implantación en mujeres pobres y así “... nacía el que llegó a ser el más grande y completo programa privado de planificación familiar entre los afiliados a la Federación Internacional de Planificación Familiar en el tercer mundo.” (Gonzalo Echeverry. Op. cit., 40)
De allí surgió en 1966 la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, que en el año 1968 pasaría a llamarse simplemente Profamilia, nombre que hoy conocen todos los colombianos. En 1966, esta institución atendió 6.689 casos de planificación familiar y para 1967 estos ascendieron a 22.405. Existían entonces dos programas de planificación familiar: uno a través de los servicios del Ministerio de Salud y otro del sector privado a través de Profamilia. (“Colombia es el único país en Suramérica en comprometerse explícitamente en disminuir la tasa de crecimiento de la población. En contraste, Brasil permanece pro natalista, tal vez por las ambiciones hegemónicas de los gobiernos militares. Argentina recientemente expresó su deseo de un más rápido crecimiento de la población por vía de una mayor rata de nacimientos e inmigración. Los anticonceptivos orales en Argentina solo pueden adquirirse sobre la base de prescripción médica firmada por tres galenos”. En: William Paul McGreevey. Op. cit., 418.)
En 1970 había 120.000 nuevos aceptantes de las campañas antinatalistas y según estadísticas de Ascofame, 41.780 fueron tratados en clínicas oficiales, 22.320 en programas asociados con Ascofame y 49.000 en clínicas privadas. (Luis Rueda y Carlos Corsi. Colonialismo demográfico; controversia sobre el control oficial de los nacimientos (Bogotá: Ediciones Paulinas, 1972), 65.)
En 1973 el número de mujeres que acudieron a este servicio ya era de 164.000, y cerca de la mitad de las mujeres casadas, en Bogotá, “... practicaban algún tipo de contracepción.” (William Paul McGreevey. Op. cit., 420. 209 Gonzalo Echeverry. Op. cit., 42.)
La firma del convenio entre el gobierno y la AID y un contrato entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Estudios de Población en 1967, pero sobre todo la fuerza que estaban tomando los programas de planificación familiar concitaron la embestida de los variados sectores que se oponían a estos programas, los cuales fueron motejados de genocidas, y sus promotores fueron zaheridos como vendidos, apátridas, agentes del imperialismo, funcionarios mercenarios, lacayos, etc. En Colombia, donde el debate fue especialmente álgido, “[había] tres enemigos declarados de la planificación familiar: la Iglesia, los movimientos políticos extremos de derecha o izquierda, y el mismo cuerpo médico”, al decir del Dr. Gonzalo Echeverry, exdirector de Profamilia. (Gonzalo Echeverry. Op. cit., 42).
El debate
La ofensiva de más peso vino de la Iglesia católica, dado el poder hegemónico de que disponía en esa época, y fue al gobierno de Carlos Lleras, quien con Alberto Lleras fue uno de los soportes de los programas de planificación, al que le tocó capear la tempestad.
Ya en 1931, época del ascenso del fascismo, del nacionalsocialismo y de las teorías racistas y eugenésicas, el papa Pío XI promulgó la encíclica Casti connubi, en la que se condenaban el control de la natalidad y la esterilización forzada practicada por esos regímenes.
En los años sesenta coincidieron la promoción internacional de las políticas de control natal y las sesiones del Concilio Vaticano II, alrededor del cual se daba una amplia discusión sobre los problemas del mundo moderno o contemporáneo. En este ambiente, en 1967, el papa Pablo VI promulgó la encíclica Populorum progressio, en la que se contemplaba el derecho de los gobiernos a dar información sobre planificación familiar y la adopción de medidas adecuadas conforme a la moral.
Con posterioridad, una comisión papal sobre la familia aprobó por mayoría la licitud de la planificación familiar y rindió su informe al papa, en abril de 1968. (“Este informe consta de tres documentos redactados por los dieciocho expertos que asesoraron a la Comisión de Prelados en las reuniones finales celebradas en el Colegio Español de Roma en abril de 1966. El llamado Informe de la Mayoría fue firmado por catorce expertos. En él se proponía un cambio de la doctrina tradicional o, mejor dicho, un nuevo enfoque de esta cuestión. Se condenaba abiertamente el aborto y la esterilización pero adoptando una postura abierta en cuanto a los medios para regular la concepción que quedarían a la conciencia de los cónyuges...El informe de la minoría iba firmado –según se dice– por los teólogos padres Visser, Zalba, Ford y Lestapis. Se pedía en él, el mantenimiento de la doctrina tradicional establecida hace siglos por el magisterio eclesiástico”. J. López Navarro. Op. cit., 369.)
Sin embargo, apartándose de las recomendaciones de esta comisión, el 25 de julio de 1968, “justamente una semana antes de que S.S. Pablo VI emprendiera su histórico viaje a Colombia, el primero hecho a la América del Sur por un pontífice”, fue dada a conocer en Roma la encíclica Humanae vitae. (211 “Control de la natalidad”. En: revista Cromos. N.° 2839. Bogotá. Junio 19 de 1972. Pp. 80-83: 82.)
Ante la inminente llegada del papa a Bogotá, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Germán Zea Hernández, tuvo que renunciar debido a unas declaraciones que dio comentando desfavorablemente aspectos de la encíclica Humanae vitae. En ella se condenaba el uso de anticonceptivos y se atribuía la condición de pecadores para quienes los usaran, promovieran o suministraran. Este pronunciamiento fue tomado al pie de la letra por la jerarquía colombiana la cual, por otra parte, era poco inclinada a aceptar los aspectos progresistas del Concilio. No sucedió así con muchos sacerdotes y con amplios sectores de la población católica, que en la esfera personal de su práctica religiosa han acudido a la fórmula de las autoridades durante la Colonia española: “Se obedece pero no se cumple”.
Pero desde antes de la promulgación de la encíclica, el episcopado colombiano había tomado una decidida posición. El arzobispo de Medellín lanzó una pastoral contra los programas de planificación familiar. En la misma ciudad, en 1967, los gobiernos departamental y municipal, de acuerdo con el arzobispo, suprimieron los programas de planificación familiar de los centros de salud, y solo quedó el programa manejado por Ascofame, en el Hospital Universitario.
El hostigamiento continuó “hasta que la posición del médico director de los programas de Medellín se hizo insostenible y el Departamento de Estudios de Población tuvo que retirarlo del área y traerlo a sus oficinas centrales de Bogotá” (Gonzalo Echeverry. Op. cit., 68.)
En julio de 1967, la XXIII Conferencia Episcopal de Colombia, con participación de 55 obispos, conminó al gobierno para que “se mantuviera dentro de los límites de su jurisdicción”, en lo referente a control de la natalidad. En cuanto a Profamilia, esta fue objeto de pronunciamientos en la “Declaración del Episcopado, 7 de julio de 1967, n.° 22. Declaración del Episcopado, 24 de abril de 1968, n.o 7. Declaración del Comité Permanente del Episcopado, 18 de septiembre de 1969, n.o 8; Instrucción Pastoral del Administrador Apostólico de Bogotá, 10 de junio de 1970, números 4, 13, 14”. (“Respuesta del Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Bogotá y Presiden- te de la Conferencia Episcopal Colombiana, Excelentísimo Señor Aníbal Muñoz Duque”. Mayo 8 de 1971. En: Luis Rueda y Carlos Corsi. Op. cit., 21.)
En el Congreso de la República se suscitaron debates en contra del gobierno por su posición frente al problema demográfico por parte de los congresistas conservadores Manuel Bayona Carrascal, luego ideólogo de la Anapo, y Diego Tovar Concha, sobrino del cardenal Luis Concha Córdoba.
Y en la prensa, en la radio y en la televisión, los llamados laicos, en nombre de la Iglesia, promovieron una estruendosa campaña contra los programas de planificación familiar que, con las respuestas que motivaron, dieron lugar a una de las polémicas más amplias producidas en Colombia en el período, a través de foros, la prensa, las revistas y los medios de comunicación.
En general, los periódicos liberales, especialmente El Espectador, así como El Tiempo y las publicaciones regionales de esta filiación apoyaron las posiciones gubernamentales y la utilización de los medios anticonceptivos. En la prensa conservadora, que sostenía las tesis de la Iglesia, El Siglo fue el más agresivo opositor. En el campo de las revistas, mientras Cromos tomaba partido informativo a favor, la Revista Javeriana, de los jesuitas, y la revista Arco, ligada a los sectores del Opus Dei, permanentemente dedicaban artículos en sentido contrario. Solamente en los periódicos El Catolicismo, El Espectador y El Tiempo, sumaron más de ciento cincuenta artículos por la polémica suscitada (Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. Op. cit., 207.)
Y en la centenaria Universidad del Rosario, la presentación de una obra crítica de teatro sobre la Humana vitae produjo la expulsión de los estudiantes participantes, lo que a su vez generó la renuncia del decano de Medicina en protesta por la medida y una huelga que se prolongó. (Sobre las controversias acerca de las políticas de control natal y del conflicto en la Universidad del Rosario, es muy ilustrativo el trabajo citado de Emilio Quevedo V. y Juliana Pérez G. Ibíd., 207 y ss.)
Ante los ataques de la Iglesia, el gobierno de Carlos Lleras acudió a una táctica que llamaríamos de bajo perfil: no responder, no confrontar, dejar hacer, no prohibir, permitir y, especialmente, dejar el espacio al sector privado para que continuara desarrollando sus campañas.
