Vereda quemada por paramilitares resurge de sus cenizas

Publicado por: Erika Mesa Díaz el Mar, 20/04/2021 - 12:07
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Hace 19 años los paramilitares quemaron por completo el caserío de El Congal, ubicado en el municipio de Samaná, Caldas. Hoy, sus habitantes han recuperado sus tierras y han empezado una nueva vida.
Un grupo de campesinos que hace 19 años fueron desplazados de sus tierras por grupos paramilitares, quienes quemaron por completo este caserío del municipio de Samaná, Caldas; están recuperando sus tierras y empezando una nueva vida en El Congal. Luego de probar suerte en varias partes de Colombia, 17 familias hicieron una solicitud en 2014 ante la Unidad de Restitución de Tierras, que presentó una demanda en 2015 ante jueces especializados.
Créditos:
Juancho Torres / Anadolu

Era un viernes 18 de enero de 2002 cuando paramilitares al mando de Ovidio Isaza, alias ‘Roque’, quemaron completamente la vereda El Congal, un pequeño centro poblado del municipio de Samaná, el departamento de Caldas, en el occidente de Colombia.

Los hombres armados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio llegaron entre las 5 y 6 de la tarde hasta este caserío escondido en las montañas cafeteras colombianas y le prendieron fuego a todo.

Esto ocurrió en medio de los enfrentamientos entre paramilitares y la entonces guerrilla de las Farc por la disputa territorial. Dicha área era comandada por alias Karina, considerada la mujer más temida del antiguo grupo subversivo. Incluso, era el lugar en el que eran entrenados los jóvenes reclutados en esta zona del país y registró también varios casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país andino como ‘falsos positivos’.

“Antes de 2002 la vereda era productiva, vivíamos en completa armonía, pero llegaron los grupos al margen de la ley (hay un silencio seguido de lágrimas)… Contar la historia es duro. Acabaron con todo, desplazaron no solamente esta vereda, sino cinco veredas más. Nos dijeron que no podíamos estar aquí y tocó salir con lo que teníamos encima. Salimos hacia el corregimiento de Florencia”, recuerda aún con profunda tristeza y con la voz quebrada Eliécer Londoño Cardona, presidente de la Junta de Acción Comunal y líder de El Congal.

El exilio

Según Londoño Cardona, al menos 30 familias, incluido él, salieron desplazadas hacia diferentes partes del país. “Unos se fueron para Medellín, otros Bogotá, Manizales. Yo estuve en diferentes departamentos. El último fue en el Meta”, dijo, desde el lugar donde antes había estado la anterior escuela.

Los recuerdos de mujeres en embarazo, madres con cuatro o cinco niños de la mano y ancianos corriendo, pasmados por el miedo, permanecen en la memoria de esta población oculta en medio de las montañas cafeteras colombianas.

José Raúl Echeverry, otro de los pobladores de El Congal y quien aguantó en su casa cuatro años más pese a las amenazas, relata lo ocurrido con detalle y exaltación profunda, como si aquel día trágico hubiera sido ayer.

“El día que venían a quemar el caserío fue un sobrino mío (el que avisó). Ya estábamos amenazados. El niño iba hacia una finquita allí abajo que se llamaba La Palma (…) y sintió algo raro. Miró hacia el frente y vio un grupo armado grande grande, cuando vio 'AUC' (Autodefensas Unidas de Colombia)”, dijo dibujando con sus manos la dirección de los caminos que recorría el pequeño.

Y agregó: “Afortunadamente a ese niño no lo vieron ellos. ¿Qué hizo él? Pues dio la media vuelta, se volvió y llegó aquí que se maluqueaba de correr. Nos dijo: -Allí están los paramilitares, ¡Y hay muchos muchos, volémonos! En seguida, toda la gente cogió una cobijita, una panelita, echó su gallina a un bolsito. Yo vivía bastante allá (apuntó hacia la parte baja de la montaña). Llegaron unas 50 o 60 personas a mi casa”.

José detalla que sobre las 7 de la mañana del sábado “se oyeron unos tiros en la parte de arriba” de la montaña. “Pensamos en correr a una peña que teníamos cuando había mucho enfrentamiento. Luego se quedó todo en silencio, cuando ya miramos una columna de humo negro. Nos preguntamos qué pasaba. ¡Pues estaban quemando el caserío! Luego salía humo de otra casa, de otra y de otra”, agregó.

El hombre de unos 60 años, con un poncho al hombro y recostado sobre una pared blanca de su nueva casa, detalla que los paramilitares intentaron quemar las viviendas con las personas dentro. “Como encontraron las puertas cerradas, pensaron que la gente no se había levantado. ¿Qué hicieron? Lo primero fue gasolina a las puertas, con el fin de quemar la gente hacia adentro”. Afortunadamente, no había nadie ya. Pero todo quedó reducido a cenizas y cuando pudieron volver, las personas solo encontraron las “brasas y las hojas de zinc retorcidas”.

El retorno

Luego de probar suerte en varias partes de Colombia durante años, y con la esperanza de volver a su añorada tierra, a finales de 2014 las primeras 17 familias víctimas hicieron una solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que presentó una demanda en 2015 ante jueces especializados, y en diciembre de 2016 un juez de restitución de tierras falló a favor de ellas.

Hoy, 19 años después, el Estado colombiano les devolvió sus derechos sobre las tierras para que puedan reconstruir sus vidas. Y el 16 de abril pasado, con la presencia de las entidades encargadas del proceso de reparación integral en el país, se hizo la entrega formal del cumplimiento de las órdenes judiciales proferidas que ordenaron una reparación integral.

Esto se traduce en 80 hectáreas tituladas a nombre de las 17 familias, sus viviendas propias, la actualización catastral de dichas tierras, así como una escuela dotada para la comunidad, centro de salud, una planta de agua potable y otra de tratamiento de aguas residuales y energía eléctrica.

Además de lo anterior, se dio cumplimiento a la orden judicial por medio de COP 520 millones para invertir en proyectos productivos, capacitación técnica y laboral, la preparación de un informe de memoria histórica y un monumento a las víctimas del conflicto, un obelisco de 4 metros en el que se plasman los difíciles momentos que vivieron los habitantes de El Congal.

Un grupo de campesinos que hace 19 años fueron desplazados de sus tierras por grupos paramilitares, quienes quemaron por completo este caserío del municipio de Samaná, Caldas; están recuperando sus tierras y empezando una nueva vida en El Congal. Luego de probar suerte en varias partes de Colombia, 17 familias hicieron una solicitud en 2014 ante la Unidad de Restitución de Tierras, que presentó una demanda en 2015 ante jueces especializados.
Créditos:
Juancho Torres / Anadolu

Territorio seguro

Samaná fue el municipio más azotado por la violencia en Caldas y uno de los más golpeados en Colombia. Pero ahora, se entrega un territorio más seguro para la población local. El 5 de abril se realizó la última destrucción de una munición sin estallar en El Congal. Es decir, esta zona ya está libre de sospecha de minas.

El teniente coronel Andrés Noval, comandante del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N°3, aseguró que en El Congal hay actualmente 59.739 metros despejados de artefactos explosivos. “Se han destruido 95 artefactos entre minas antipersonal y municiones sin explosionar”, precisó.

No obstante, existe lo que ellos denominan un riesgo residual y es la posibilidad de que las poblaciones que vuelvan puedan encontrar algún artefacto mientras realizan sus actividades diarias. Por ello, se hace un llamado a dar aviso a las autoridades para evitar una tragedia.

“Hemos estado desde el principio y no nos vamos hasta que les podamos facilitar un ambiente mucho más tranquilo”, ratificó el oficial.

Para Noval, Samaná es “una de las joyas del desminado humanitario”, pues allí se iniciaron las operaciones en el país, hace 11 años. En el municipio caldense hay 721.888 metros libres de sospecha de minas y se han destruido 442 minas antipersonal, 14 municiones sin explosionar y dos artefactos explosivos. Esto representa por lo menos 558 víctimas menos de minas.

Un proceso de restitución completo

Amed Velásquez Ortiz, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Caldas, y también víctima de la guerra en Colombia, asegura que “no hay un proceso de retorno más importante a nivel nacional e incluso a nivel internacional”.

“El Congal es un referente de lo que es una articulación efectiva de entidades para una reparación integral a las víctimas... Por supuesto que la comunidad ha jugado un papel muy importante”, subraya el funcionario.

Pero esta labor no solo es reconocida por la institucionalidad, pues varios de los pobladores resaltan que ha sido un trabajo completo y bien hecho, como José Echeverry, que dice “dar gracias, gracias y gracias”.

Sandra Niño, directora territorial de la URT, aseguró que aunque se dio cumplimiento al 100 por ciento de las órdenes judiciales a las primeras 17 familias, se espera que este mismo año se vean beneficiadas otras 24.

Ya hay tres casos con sentencias en firme, pero hay otros 21 procesos a la espera en el despacho judicial.

Amed Velásquez, por su parte, aclara que esta es una primera entrega de viviendas realizadas por el Banco Agrario, pero se pretende que por lo menos se llegue a unas 48 familias.

Entre recuerdos y esperanza

“Eso fue lo más miedoso”, decía para sí misma una mujer en medio de los protocolos del evento, al ver el relato de uno de sus vecinos proyectado en una pantalla. “Esta fue la zona donde más duro golpeó la guerra (…) Pero igual, hay que perdonar”, nos murmuró Hernán Herrera, otro hombre que estaba a su lado mientras miraba las imágenes.

Lo ocurrido a inicios de 2002 aún permanece fresco en la memoria de los congaleños. Sin embargo, estas personas ven una posibilidad de sanar la herida abierta que ha dejado la guerra con la entrega de títulos y el cumplimiento de promesas.

Aunque están pendientes la adecuación de las vías, un parque y una capilla, para Eliécer Londoño esto que está ocurriendo les trae “mucha tranquilidad, felicidad” y les devuelve la confianza en el Estado, “porque igual pasó lo que pasó por abandono del Estado”.

Por Diego Camilo Carranza Jiménez / Anadolu

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