La Defensoría del Pueblo advirtió sobre posibles escenarios de conflictividad social durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo y en la etapa posterior. El llamado se basa en el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, que identificó 35 eventos de tensión en el contexto preelectoral durante los primeros dos meses de 2026.
Según el informe, los hechos ocurrieron en Bogotá y en 21 municipios de 12 departamentos del país, entre ellos Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca. La mayoría de estos episodios estuvieron relacionados con acciones contra la oposición política, situaciones de polarización y tensiones entre grupos con posturas políticas diferentes.
El análisis también identificó otros factores asociados al proceso electoral, como conflictos durante la inscripción de listas de candidatos o situaciones que restringen el derecho a elegir y ser elegido. En términos porcentuales, el 34% de los eventos estuvo relacionado con acciones contra la oposición política y el 23% con escenarios de polarización política.
Las manifestaciones detectadas se expresaron principalmente mediante plantones y concentraciones, que representaron el 46% de los casos. También se reportaron afectaciones a vallas electorales, disturbios en manifestaciones públicas, daños a sedes de campaña, marchas y sabotajes a actos proselitistas.
Aunque la mayoría de estas expresiones se desarrollaron de forma pacífica, la Defensoría señaló que algunos episodios incluyeron agresiones, confrontaciones entre simpatizantes y actos de intolerancia política, lo que evidencia un escenario de tensión latente en algunas regiones.
La entidad advirtió que situaciones como fallas logísticas, limitaciones en el acceso al voto, controversias durante el escrutinio o cuestionamientos a los resultados podrían generar un escalamiento de la conflictividad social durante o después de la jornada electoral.
Además, el monitoreo identificó factores que podrían incidir en el ambiente electoral, como pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude, decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, tensiones en actos de campaña o convocatorias a movilizaciones sociales cerca de la fecha de las elecciones.
Ante este panorama, la Defensoría recomendó al Ministerio del Interior y a la Registraduría Nacional fortalecer las acciones de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral, priorizando mecanismos de diálogo y mediación entre las diferentes autoridades y actores políticos.
En ese sentido, el organismo subrayó la importancia de mantener canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y partidos políticos, con el objetivo de atender oportunamente cualquier inconformidad que pueda surgir durante el proceso.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a partidos, candidatos y ciudadanía para que cualquier desacuerdo relacionado con los comicios sea tramitado únicamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un marco de respeto por la diferencia política y la convivencia democrática.
