Tal como se había anticipado desde finales del año pasado, la decisión del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo en un 23 % fue demandada ante el Consejo de Estado. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) radicó una acción judicial en la que cuestiona la legalidad del decreto que fijó el ingreso mínimo mensual en 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, al considerar que carece de sustento técnico y desconoce la normatividad vigente.
Según el gremio, la Ley 278 de 1996 establece que el ajuste del salario mínimo debe basarse en variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional. De haberse aplicado estos criterios, el incremento habría sido cercano al 6,21 %, una cifra muy inferior al 23,7 % que finalmente decretó el Ejecutivo si se tiene en cuenta el aumento del auxilio de transporte.
En el documento presentado ante el alto tribunal, Fenalco aseguró que el Gobierno sustituyó las variables obligatorias previstas en la ley por el concepto de “salario vital”, el cual, según el gremio, se construyó a partir de referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante. Para la federación, esta decisión desconoce el marco legal y constitucional que regula la fijación del salario mínimo en Colombia.
La demanda también señala que con el decreto se habría invadido la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), base fundamental para la medición de la inflación en el país.
Por estas razones, Fenalco solicitó la suspensión provisional e inmediata del incremento, argumentando que su aplicación genera impactos irreversibles en la economía. Entre los efectos advertidos están mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas. El gremio incluso alertó que, de mantenerse la medida, podrían perderse alrededor de 772.340 empleos y cerrar un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que la demanda no va en contra de los trabajadores, sino que busca proteger la estabilidad económica y el Estado de Derecho. Según señaló, los mismos trabajadores podrían verse afectados por la inflación derivada del aumento de costos para las empresas. Cabal recordó que el gremio no participó en la mesa de concertación del salario mínimo el año pasado, al considerar que no existían garantías para llegar a un acuerdo.
Desde otros sectores también se han planteado críticas al incremento, señalando que ya se evidencian alzas de precios asociadas al mayor costo laboral, como en las cuotas de administración de conjuntos residenciales y en el pasaje de TransMilenio. Además, esta no sería la única acción judicial contra la medida. El expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares radicó una tutela en la que alega vulneración del debido proceso por la falta de una evaluación suficiente de los efectos económicos del aumento.
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El Gobierno ha defendido su decisión argumentando que mejores salarios impulsan la demanda y generan un círculo virtuoso de crecimiento. Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, han sostenido que el alza se fundamenta en una recomendación de la OIT sobre el salario mínimo vital, concepto que busca garantizar ingresos suficientes para una vida digna.
Mientras el debate jurídico avanza, el Consejo de Estado deberá definir si suspende o no la medida, en un pulso que enfrenta criterios legales, económicos y constitucionales sobre el alcance del salario mínimo en Colombia.
