En medio de la jornada de marchas en defensa del aumento al salario mínimo, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar críticas contra el sistema electoral y anunció que su despacho tiene programada una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos. Aunque hasta ahora no se ha confirmado fecha ni hora para el encuentro, distintos sectores políticos y ciudadanos esperan que el diálogo contribuya a despejar las dudas sobre un presunto fraude en los comicios.
La tensión entre la Casa de Nariño y la organización electoral se ha intensificado en las últimas 48 horas. El jefe de Estado advirtió sobre la supuesta posibilidad de irregularidades por dejar en blanco las casillas sin votos en las actas E-14, lo que, según él, abriría la puerta a manipulaciones. A este debate se sumó la discusión sobre los softwares que intervienen en el proceso electoral y el papel que desempeñan empresas privadas contratadas por el Estado.
En ese contexto, la mirada del Gobierno se ha dirigido hacia Thomas Greg & Sons, firma que participa en el engranaje logístico de las elecciones y que recientemente fue apartada del esquema de expedición de pasaportes por decisión del Ejecutivo.
“Ya la firma hizo un fraude contra un movimiento político que se llama MIRA y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron. Desacato a la justicia, porque en Colombia siempre hacen fraude”, afirmó el mandatario durante su intervención pública.
Sin embargo, los sistemas de esa compañía no son los únicos involucrados en el proceso. La empresa integra una unión temporal que en 2025 recibió un contrato por 2,1 billones de pesos para ofrecer una solución integral logística, tecnológica e informática destinada a la organización y realización de los procesos electorales de 2025 y 2026. Dentro de sus funciones está la transmisión de datos reportados por jurados y testigos al cierre de la jornada.
Por su parte, el escrutinio —es decir, el conteo oficial que declara a los ganadores— está a cargo de jueces y notarios e involucra un software que es propiedad del Estado a través del Consejo Nacional Electoral, lo que, según las autoridades, añade una capa adicional de control institucional.
Desde la Registraduría, Penagos ha reiterado que el proceso electoral colombiano es altamente vigilado y cuenta con múltiples mecanismos de seguridad. Además, anunció que este año se publicarán las tres versiones de las actas E-14, las cuales deben coincidir entre sí para disipar cualquier sospecha sobre alteraciones en su diligenciamiento.
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El registrador también defendió la autonomía de la entidad. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, sostuvo, al tiempo que rechazó presiones externas sobre la manera en que se organizan las elecciones. “Nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones. Porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”, agregó.
El anunciado encuentro entre el presidente y el registrador se da en un ambiente de creciente debate político, en el que el Gobierno insiste en revisar los sistemas tecnológicos y la oposición reclama garantías institucionales. La reunión podría marcar un punto clave para aclarar las diferencias y reforzar la confianza en el proceso democrático.
