El Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Gobierno Nacional avanzar en la implementación de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el Ruido, tras determinar que no cumplió los plazos establecidos para poner en marcha esta política pública.
La decisión se produjo luego de una acción de cumplimiento presentada por Hernán Morantes, fundador de la Comunidad Legal Derecho Vivo y director técnico del Comité Nacional contra el Ruido, quien solicitó que se hicieran efectivas las obligaciones contempladas en la norma.
En el fallo, el Tribunal fijó un plazo de un mes para conformar la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Política Nacional de Calidad Acústica y otorgó tres meses para expedir la Política Nacional de Calidad Acústica, documento que establecerá las estrategias para prevenir, controlar y reducir la contaminación auditiva en el país.
Según el demandante, ambos procesos debían haberse cumplido entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, pero el Gobierno no adoptó las medidas previstas por la ley.
La futura política busca unificar los criterios para que las autoridades nacionales y territoriales puedan enfrentar de manera coordinada los problemas derivados del exceso de ruido, considerado un factor que afecta la salud pública.
Expertos han advertido que la exposición prolongada a altos niveles de ruido puede provocar trastornos del sueño, estrés, enfermedades cardiovasculares, dificultades de concentración y una disminución en la calidad de vida.
Con esta decisión judicial, el Gobierno deberá acelerar la reglamentación de la ley y cumplir los nuevos plazos fijados por el Tribunal para poner en marcha las herramientas previstas en la normativa.
