El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó este lunes 3 de agosto la personería jurídica a Defensores de la Patria, el movimiento político que impulsó la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella.
La decisión fue aprobada por la Sala Plena del organismo electoral con seis votos a favor y uno en contra. Con este reconocimiento, la organización podrá avanzar en su inscripción y comenzar a operar formalmente como partido político.
La votación presidencial sustentó la decisión
El CNE acogió la ponencia presentada por el magistrado Alfonso Campo, quien consideró que la elección presidencial también constituye un escenario válido para demostrar respaldo ciudadano y representatividad política.
Uno de los principales argumentos fue la votación obtenida por la fórmula conformada por Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo. La candidatura alcanzó más de 10,3 millones de votos en la primera vuelta y cerca de 13 millones en la segunda vuelta presidencial.
Según la ponencia, estas cifras superan ampliamente el respaldo necesario para acreditar representatividad, aunque Defensores de la Patria no hubiera presentado una lista propia al Congreso en las elecciones legislativas de 2026.
Los antecedentes considerados por el CNE
Para sustentar la decisión, el organismo electoral tuvo en cuenta precedentes como los de Colombia Humana, movimiento liderado por Gustavo Petro, y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, encabezada por Rodolfo Hernández.
Ambas organizaciones obtuvieron personería jurídica después de que sus candidatos alcanzaran una votación significativa en elecciones presidenciales. En esos casos, se consideró que el respaldo ciudadano permitía reconocerlas formalmente como fuerzas políticas.
El CNE también determinó que Defensores de la Patria cuenta con una estructura jurídica y organizativa suficiente para asumir las funciones propias de una colectividad política.
¿Qué implica la personería jurídica?
Con el reconocimiento, Defensores de la Patria podrá otorgar avales a candidatos, acceder a mecanismos de financiación estatal, conformar directorios territoriales y participar formalmente en los procesos electorales del país.
La colectividad podrá presentar candidatos para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales en las elecciones regionales previstas para octubre de 2027.
La decisión le entrega al presidente electo una plataforma política propia para consolidar su proyecto y ampliar su participación electoral más allá de la campaña presidencial.
