Dos informes de auditoría de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral recomendaron suspender el registro de AtlasIntel en Colombia, según reveló Caracol Radio. La discusión no es menor: ocurre a menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial y reabre el debate sobre qué métodos pueden usarse para medir la intención de voto.
Los argumentos detrás del caso
La situación de AtlasIntel quedó en manos del Consejo Nacional Electoral, después de que dos auditorías recomendaran sancionar a la firma con la suspensión del registro que le permite operar como encuestadora en el país. Según los informes, el problema central está en que sus mediciones no cumplirían con las reglas vigentes para ser tratadas como encuestas electorales.
El punto más sensible es la metodología. AtlasIntel usa un modelo llamado Random Digital Recruitment, basado en reclutamiento digital de participantes durante la navegación en internet. En su ficha técnica de abril, la firma reportó una muestra de 3.617 encuestados, recolección digital, margen de error de ±2 puntos porcentuales y nivel de confianza del 95 %.
Para las auditorías, ese método no demostraría una probabilidad conocida y verificable de selección de cada persona dentro del universo electoral. Por eso, los informes sostienen que el estudio correspondería a un sondeo no probabilístico y no a una encuesta bajo la Ley 2494 de 2025. También cuestionan que se haya publicado intención de voto con ese tipo de medición.
La diferencia es relevante porque la ley colombiana define la encuesta como un ejercicio probabilístico cuyos resultados pueden generalizarse a una población determinada. En cambio, el sondeo se dirige a muestras no probabilísticas y sus resultados no son representativos del conjunto. La misma norma señala que no podrán publicarse sondeos sobre intención de voto electoral.
No es solo un caso de una firma
El expediente también aparece en medio de una tensión más amplia entre el marco legal colombiano y las metodologías modernas de medición. GAD3, otra firma que venía publicando encuestas electorales en Colombia, suspendió sus mediciones en el país. Su presidente, Narciso Michavila, sostuvo que la decisión no obedecía a un problema con el CNE, sino a una interpretación que, según él, hacía “inoperativo” aplicar su método con rigor.
El propio CNE reconoció que la Ley 2494 de 2025 puede ser restrictiva y anunció que acudirá al Congreso para proponer cambios. Álvaro Montenegro, comisionado del CNE, señaló que algunas firmas han advertido que existen procesos de muestreo más modernos, mientras que el presidente del organismo, Cristian Quiroz, recordó que la ley ordenó crear una comisión técnica independiente para revisar las encuestas.
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¿Qué puede implicar para las elecciones?
La eventual suspensión de AtlasIntel no afectaría la realización de las elecciones presidenciales, previstas para el 31 de mayo de 2026. Ese calendario depende de la Registraduría Nacional, no de las firmas encuestadoras.
Pero sí podría afectar el ecosistema de información electoral. Con menos firmas publicando mediciones, habría menos comparaciones entre metodologías, menos datos públicos para seguir cambios en la campaña y más peso para las encuestadoras que sigan habilitadas. En una elección cerrada o volátil, esa reducción puede aumentar la incertidumbre sobre la lectura del ambiente electoral.
Por ahora, el caso no está cerrado. Las auditorías recomendaron medidas, pero la decisión final corresponde al Consejo Nacional Electoral. Hasta que el organismo resuelva, el debate de fondo seguirá siendo el mismo: cómo equilibrar control técnico, transparencia y pluralidad de mediciones en plena campaña presidencial.
