El Congreso de la República le notificó formalmente al equipo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, que constitucionalmente sí es posible adelantar su posesión presidencial por fuera de Bogotá, aclarando de paso el procedimiento legislativo requerido para este histórico traslado.
Según el concepto emitido, "el presidente deberá tomar posesión de su cargo ante el Congreso y prestar el juramento previsto en dicha disposición, sin que la norma establezca una sede específica para la realización de este acto".
Por lo tanto, si el Senado y la Cámara trasladan previamente la sede conforme al artículo 140 de la Constitución, el acto tendrá total validez jurídica. Pese a este espaldarazo, todavía persisten serias dudas legales y políticas sobre si el escenario final puede ser una guarnición militar.
Cualquier alteración de la sede tradicional debe someterse a las reglas del juego democrático dentro del Legislativo:
• Sometimiento a voto: el Congreso en pleno debe recibir y votar una proposición formal en sesión ordinaria.
• Consenso mayoritario: la iniciativa requiere del respaldo de las bancadas y no de una determinación unilateral.
• Fecha límite de definición: si los legisladores radican la solicitud a tiempo, el debate y posterior votación podrían concretarse el próximo martes durante la sesión plenaria.
Un choque de símbolos
La raíz de este debate procedimental reside en el deseo expreso de Abelardo de la Espriella de prestar juramento al cargo dentro de una guarnición militar. Con este gesto, el nuevo jefe de Estado busca enviar un mensaje contundente de respaldo a la fuerza pública frente al deterioro de las condiciones de seguridad y los recientes hechos de violencia en diversos puntos del territorio nacional.
Esta postura ha encendido las alarmas en el ejecutivo saliente. El presidente Gustavo Petro ha manifestado su rotunda oposición a que la ceremonia se realice bajo ese formato y anunció formalmente que no asistirá a la transmisión de mando.
Ahora la pelota queda en el terreno del Congreso, que definirá si flexibiliza el protocolo geográfico y si avala el polémico uso de instalaciones militares para la investidura presidencial.
