El Gobierno Nacional tiene listo un borrador de decreto con el que busca eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas, una remuneración adicional que actualmente asciende a 16.914.540 pesos mensuales. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Hacienda, hace parte de una política de austeridad fiscal y de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo para reducir brechas sociales y promover mayor equidad en el gasto público.
De acuerdo con el documento preliminar, la eliminación de esta prima aplicaría únicamente para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. El Gobierno argumenta que la remuneración total que reciben los miembros del Congreso resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población colombiana y no se ajusta a la realidad económica del país.
“Que la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo”, se lee en uno de los apartes del borrador del decreto. En el texto también se señala la necesidad de reorientar el gasto público y adoptar medidas inmediatas de austeridad, siempre que no se vulneren derechos fundamentales.
Actualmente, la prima especial de servicios se paga de manera mensual y fue creada mediante el Decreto 2170 de 2013. Aunque su objetivo inicial estaba relacionado con el concepto de residencia y los costos asociados al ejercicio legislativo, el Ejecutivo considera que este criterio ha sido aplicado de forma inconsistente en la legislación nacional, lo que ha generado inequidades salariales entre los propios congresistas.
El borrador plantea, de manera explícita, la derogatoria del Decreto 2170 de 2013. En uno de sus artículos se establece que “no se reconocerá ni pagará a los congresistas la prima creada mediante dicho decreto ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en esa disposición”, en concordancia con lo previsto en el artículo 138 de la Constitución Política.
La propuesta del Gobierno también se sustenta en la interpretación jurídica de la Ley 4 de 1992 y en la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, que estableció que el Ejecutivo no está obligado a reconocer primas especiales a los congresistas, sino que puede hacerlo según las circunstancias económicas y fiscales del país. Bajo este marco, el Ministerio de Hacienda concluyó que ya no se justifica la continuidad de este beneficio.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que, aunque la prima mensual supera los 16 millones de pesos, del salario total de los congresistas se realizan retenciones que rondan los 20 millones de pesos. No obstante, el Gobierno insiste en que el nivel de ingresos de los legisladores sigue siendo elevado frente al promedio nacional y contrasta con los esfuerzos de austeridad exigidos al resto del sector público.
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La eliminación de la prima especial comenzaría a regir desde la publicación oficial del nuevo decreto y tendría efectos fiscales inmediatos. De ser expedida la norma, la medida solo impactará a los congresistas que asuman su cargo a partir del 20 de julio de 2026, sin afectar los derechos adquiridos de los actuales legisladores.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de coherencia en materia de equidad y justicia social, en medio de un contexto de ajustes fiscales y debate público sobre los altos ingresos de los funcionarios del Estado.
