Durante semanas, el silencio fue parte de la represión. No solo se reprimió en las calles: se reprimió la información, los nombres, las cifras, el derecho a saber cuántos no regresaron a casa. Hasta que el poder decidió hablar. Y, cuando lo hizo, no fue para contar la verdad, sino para fijar su versión.
El régimen iraní publicó por primera vez un número: 3.117 muertos durante las protestas. No es una cifra. Es un mensaje.
En los Estados autoritarios, los muertos no se cuentan: se administran. Se convierten en una variable política, en un dato controlado, en un límite impuesto a la memoria colectiva. Decir “son estos y no más” es una forma de cerrar el duelo, de clausurar la discusión, de ponerle punto final a una historia que aún sangra.
No es casual el momento. La presión internacional crece. Las denuncias de organizaciones de derechos humanos se multiplican. Los testimonios empiezan a filtrarse pese al apagón informativo. Entonces el régimen hace lo que siempre hace el poder cuando se siente observado: toma la iniciativa y marca el marco. Publica una cifra que parece enorme, casi brutal, pero que, al mismo tiempo, pretende ser definitiva.
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Tres mil muertos suena a confesión. En realidad, es una frontera.
La narrativa oficial mezcla a manifestantes con fuerzas de seguridad, a civiles con transeúntes, a jóvenes desarmados con agentes del Estado. Todo cabe en una misma categoría moral: “mártires”. Así se borra la pregunta incómoda: quién disparó, contra quién, por orden de quién. Así se diluye la responsabilidad en una nube de lenguaje religioso y épico.
Las organizaciones independientes hablan de más, de muchos más. Nombres, edades, ciudades, causas de muerte. Historias que no encajan en el parte oficial. Pero el régimen sabe algo: que, en un país donde el miedo es política pública, donde las familias callan para sobrevivir, donde los hospitales no pueden hablar y los jueces no investigan, la verdad completa es inalcanzable. Por eso fija su propio número y lo convierte en verdad de Estado.
Este primer informe no busca transparencia. Busca control del relato.
Es el intento de cerrar la herida con una cifra. De convertir una represión en estadística. De transformar el grito en archivo. De que el mundo recuerde un número y no miles de rostros.
Pero cuando el poder decide cuántos muertos existen, casi siempre deja fuera a los que más incomodan. Y esos, aunque no estén en el informe, siguen ahí: en las casas vacías, en las madres que no hablan, en las fotos que no se publican, en un país que entendió, una vez más, que la verdad también puede ser reprimida.
