La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el incremento de homicidios y hechos de violencia armada en Buenaventura, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 asesinatos, en su mayoría de jóvenes entre los 17 y 30 años.
Según la entidad, esta situación evidencia el incumplimiento de compromisos de desescalamiento de la violencia por parte de grupos armados, así como la insuficiencia de la respuesta institucional para contener estas dinámicas. El fenómeno está ligado a disputas por el control territorial y economías ilícitas en esta zona estratégica del Pacífico colombiano.
Disputas territoriales y “fronteras invisibles”
El informe advierte que las confrontaciones entre grupos armados organizados se han intensificado en varias comunas del distrito, especialmente en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y la comuna 12.
Estas disputas responden, en parte, a procesos de reconfiguración interna de las estructuras ilegales, tras capturas de algunos de sus integrantes. Como consecuencia, se han generado enfrentamientos y ajustes internos que derivan en homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.
Además, la consolidación de “fronteras invisibles” ha restringido la movilidad de los habitantes, provocando confinamientos de facto en distintos barrios. Estas limitaciones afectan la vida cotidiana de las comunidades, que enfrentan riesgos constantes al desplazarse dentro de la ciudad.
Jóvenes, los más afectados por la violencia
La Defensoría señala que los principales afectados son hombres jóvenes, quienes enfrentan riesgos de reclutamiento, instrumentalización o estigmatización en medio de las disputas armadas.
El reporte documenta al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad y la aprehensión de otro joven presuntamente vinculado a estas estructuras. También se registraron tres casos de personas desaparecidas, un fenómeno que, según la entidad, ocurre de manera paralela a los homicidios.
La falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda agravan la situación de las familias, que permanecen a la espera de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
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Extorsiones, secuestros y afectación a comunidades
La violencia en Buenaventura no se limita a los homicidios. La Defensoría ha identificado casos de extorsión a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados en zonas residenciales.
Estos hechos han impactado entornos escolares, la organización social y el ejercicio de derechos, generando un clima de temor entre la población. Los intercambios de disparos en distintos sectores también han causado daños a viviendas y restricciones en la movilidad.
Llamado urgente a fortalecer la respuesta estatal
Ante este panorama, la Defensoría advirtió que la respuesta del Estado ha sido insuficiente frente a la expansión de los grupos armados y sus dinámicas de control territorial.
Por ello, instó al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales y locales a implementar acciones integrales en materia de seguridad, justicia y oferta social, priorizando las zonas más afectadas y brindando atención diferenciada a jóvenes y comunidades vulnerables.
Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados que participan en diálogos de paz para que cumplan los compromisos adquiridos, respeten la vida de líderes sociales y comunidades, y avancen hacia procesos de desmovilización.
La entidad insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan contener la violencia, proteger a la población civil y garantizar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos en Buenaventura.
