Esta semana se define el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez. La jueza 28 de conocimiento Carmen Helena Ortiz escuchará los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes y decidirá si precluye -o no- la investigación que cursa en contra del expresidente de la República por supuesta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda.
La Fiscalía General solicitó esta figura jurídica alegando que, para el ente investigador, no existen suficientes elementos materiales probatorios que demuestren que el exmandatario sí cometió los delitos de soborno y fraude procesal por los cuales es señalado.
"Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe", indicó.
La audiencia de solicitud de preclusión para Álvaro Uribe está programada para las 8:00 a.m. del próximo martes 6 de abril. La jueza 28 de conocimiento deberá tomar cartas en el asunto y decidir si cierra el caso o, por el contrario, determina que hay que seguir con el proceso penal.
Cabe resaltar que si la funcionaria judicial precluye la investigación, los demás intervinientes, como el representante del senador Iván Cepeda y el Ministerio Público, podrán apelar la decisión y en este caso resolvería el superior jerárquico, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá.
'Recorderis' del proceso de Álvaro Uribe
El senador Iván Cepeda fue denunciado en febrero de 2012 porque, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, fue a las cárceles de Itagüí y Cómbita para entrevistar a los señalados exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes indicaron que Álvaro Uribe y su hermano Santiago tuvieron vínculos con el paramilitarismo.
En su calidad de representante, Cepeda realizó un debate de control político en el que, de acuerdo con esos testimonios, acusó públicamente a los Uribe Vélez de haber conformado y financiado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento de Antioquia.
A raíz de este señalamiento, el expresidente denunció al senador del Polo Democrático por los delitos de calumnia, falso testimonio y abuso de la función pública. Alegó que, para escuchar los testimonios de Sierra y Monsalve, Cepeda se valió de sus funciones parlamentarias para buscar declaraciones falsas que lo implicaran a él y a su hermano Santiago con el “único fin de hacerles daño e inducir en error a la justicia”.
En ese momento, Uribe aseguró que Cepeda dirigió un cartel de falsos testigos en su contra y que les ofreció a cambio beneficios jurídicos, económicos y carcelarios. Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 el caso dio un giro drástico: la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló, se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda porque “no encontró pruebas suficientes” y, por el contrario, inició una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario pasó de denunciante a investigado porque, al parecer, fue él quien intentó manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve con ayuda de su abogado Diego Cadena, quien está a punto de enfrentar un juicio por este mismo caso y se encuentra privado de la libertad en su lugar de residencia.
Proceso a manos de Fiscalía
El 8 de octubre del 2019, el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió a una indagatoria donde quedó formalmente vinculado al proceso y, el 3 de agosto del 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió privarlo de la libertad de manera preventiva al considerar que podría obstruir la investigación. El exmandatario estuvo preso dos meses en su casa, la famosa finca El Ubérrimo, ubicada en el departamento de Córdoba.
El martes 18 de agosto el máximo líder del Centro Democrático renunció a su curul en el Senado y sus abogados le pidieron formalmente al alto tribunal de justicia que remitiera el expediente a la Fiscalía General porque, según ellos, “así está establecido en el ordenamiento jurídico”.
La Corte Suprema terminó dándole la razón a la defensa y trasladó la investigación al ente acusador. Según explicaron los magistrados, esta decisión, que fue unánime, se tomó teniendo en cuenta que el proceso es por la presunta comisión de delitos comunes que “no tienen vínculo con la actividad funcional de legislador”.
La determinación, por supuesto, levantó ampollas. Tanto así que el senador Iván Cepeda le pidió al fiscal general Francisco Barbosa apartarse del conocimiento de la investigación y solicitó que se nombrara un fiscal ad hoc para quitarle “parcialidad al proceso”.
Tras meter ese denominado “gol jurídico”, los abogados del expresidente Álvaro Uribe pidieron su libertad inmediata alegando que el régimen procesal por el cual debía seguir la investigación era la Ley 906 de 2004 y no la Ley 600 de 2000, luego de que la Sala de Instrucción confirmara la pérdida de la competencia.
El caso llegó a las manos de la jueza 30 de garantías, quien en un principio decidió no emitir una decisión de fondo en la primera audiencia que se celebró. La funcionaria devolvió el proceso a la Corte Suprema para que los magistrados, en Sala Plena, se pronunciaran sobre el régimen procesal aplicable en este caso.
Días después, con una votación de 19-2, el alto tribunal de justicia decidió que la investigación por presunto soborno y fraude procesal debía continuar bajo las reglas de juego del sistema penal acusatorio y confirmó la competencia de la jueza 30 de garantías para decidir sobre la libertad del máximo líder del Centro Democrático.
El sábado 10 de octubre la funcionaria judicial tomó la decisión de revocar la medida de aseguramiento que se le impuso al expresidente Álvaro Uribe, pues determinó que no era posible equiparar la indagatoria que se realizó en la Corte Suprema en octubre de 2019 con una audiencia de formulación de imputación de cargos. Por lo tanto, consideró que el exmandatario no podía seguir preso al no contar con la calidad de "imputado" y dejó el proceso por presunta manipulación de testigos en la etapa de indagación.
Álvaro Uribe: imputado
Sin embargo, el senador Iván Cepeda apeló a la decisión. Es por eso que el viernes 6 de noviembre el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá resolvió el recurso y tomó una decisión totalmente diferente a la que profirió la jueza de primera instancia.
El funcionario judicial determinó que sí era posible hacer una homologación en la actuación hecha entre los dos sistemas procesales, es decir, que sí es equiparable la indagatoria que se le hizo a Uribe Vélez en la Corte Suprema bajo los parámetros de la Ley 600 con una formulación de imputación estipulada en la Ley 906 del sistema penal acusatorio.
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Por lo tanto, el juez reconoció lo adelantado por la Sala de Instrucción del alto tribunal de justicia y dejó el proceso por presunta manipulación de testigos en la etapa de formulación de cargos.
Para tumbar dicha determinación, la defensa presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien la declaró improcedente y terminó confirmando el fallo. Por esa razón, los abogados de Uribe Vélez presentaron una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de tumbar la imputación y devolver el proceso a ceros. Sin embargo, días después desistieron del proceso, ya que el fiscal Gabriel Jaimes decidió presentar una solicitud de preclusión.
